Estrategia$
El presidente electo Andrés Manuel López Obrador (AMLO), al igual que algunos de quienes a propuesta estar al frente de distintas Secretarías de Estado, han reiterado su compromiso de llevar a cabo los proyectos planteados en campaña, como son aumentar las pensiones a adultos mayores, implantar un programa de apoyo a los jóvenes, construir un tren para la zona turística de la Riviera Maya, reducir el IVA en la frontera, modernizar las refinerías de Pemex y construir una o dos más; descentralizar dependencias federales, realizar consultas públicas para revocación de mandato y continuidad de algunas de las reformas estructurales, entre muchos otros.
El costo de llevar a cabo todas las promesas anteriores no se ha detallado aún, aunque algunos analistas críticos señalan que podría representar más de 4 billones de pesos.
Para tener una idea de lo que significa la cifra anterior, basta decir que el presupuesto de la Federación en 2017 fue de 4.8 billones de pesos. Así, las propuestas de AMLO implicarían erogar una cantidad casi igual a todo el presupuesto de un año, lo que implica que habría la necesidad de realizar un esfuerzo descomunal a lo largo del sexenio.
En función de lo anterior, muchos detractores afirman que las promesas no podrán cumplirse. Sin embargo, con objeto de dar el beneficio de la duda, hagamos un breve análisis para determinar la factibilidad de que el gobierno disponga de los recursos necesarios para llevar a cabo dicho plan.
Para ello recordemos los principales planteamientos de AMLO para disponer de los fondos necesarios a su proyecto.
Uno de los principales ha sido que los recursos saldrán del combate a la corrupción, cuyos “políticos corruptos y los traficantes de influencias se roban 20% del presupuesto público; es decir, más de un billón de pesos anuales”. Siendo conservadores, digamos que la lucha anticorrupción finalmente permite reducir el flagelo en un 50% para obtener un ahorro de 500 mil millones de pesos anuales.
He mencionado en otros artículos que diversos organismos internacionales calculan que la corrupción en México representa el 5% del PIB, mientras estudios independientes la sitúan hasta en 10% y en lo personal, estimo llega hasta el 20%.
En 2017, la economía produjo bienes y servicios por un valor de 21.8 billones de pesos, lo que significa que el costo de la corrupción fue al menos de poco más de 1 billón de pesos. Así, el razonamiento de AMLO resulta viable, pues llevaría la corrupción a un 2.3% del PIB, cifra similar a la que existe en otras economías de tamaño similar a la nuestra, según la ONU.
Es posible que una reingeniería del gasto federal permitiera ahorros a mediano plazo, digamos de hasta un 10% del gasto corriente, lo cual implicaría disponer de cerca de 220 mil millones de pesos. La suma de ambos conceptos se traduciría en recursos disponibles por 720 mil millones de pesos. Y la pregunta que surge es: ¿De dónde vendrían los recursos adicionales?
Estimo que una vez concluidos los proyectos en torno a Pemex, el gobierno podría obtener otros 500 mil millones de pesos como resultado de ahorros en importación de gasolinas y aumento en la exportación de crudo, lo cual elevaría la disponibilidad total a 1.2 billones de pesos.
Un tema poco comentado en la campaña, pero que está en la plataforma ideológica de Morena es el relativo a los cambios en el sistema fiscal, específicamente los orientados a eliminar los esquemas de consolidación fiscal, con objeto de que las corporaciones nacionales y extranjeras contribuyan más. En específico, se buscaría obtener ingresos por un mínimo de 500 mil millones de pesos a mediano plazo con la posibilidad de elevarlos hasta 1 billón de pesos.
Adicionalmente, si se lograra un crecimiento del PIB de 4% en promedio anual durante el sexenio, habría un ingreso tributario adicional promedio anual de alrededor de 50 mil millones de pesos, con las tasas tributarias vigentes.
En este contexto, es factible para el próximo gobierno incrementar sus ingresos hasta en cerca de 2.3 billones de pesos, a precios de 2017. Y si bien la cifra dista de los 4 billones que han calculado los críticos de AMLO, representa poder concretar más del 50% de los proyectos prometidos. Y si se buscaran mecanismos de participación privada en algunos de éstos, dicho porcentaje podría elevarse de manera sustancial.
Hay que estar conscientes que la transformación de las finanzas públicas federales no se puede realizar de un día para otro. Llevará años hacerlo. No obstante, resulta esperanzador que las propuestas del próximo gobierno tengan un grado de factibilidad elevado. En especial aquellas orientadas a mejorar la calidad de vida de los más necesitados, así como las que buscan impulsar la actividad productiva para dar fortaleza al mercado interno. Y lo más importante: Que exista voluntad política para llevar a cabo los cambios que la sociedad reclama se hagan de manera contundente.
