Prisma
¿Terminaron los tiempos de la corrupción y la impunidad en nuestro país el 30 de noviembre? ¿Acabó la impunidad que impidió castigar a funcionarios deshonestos que manejaron recursos ignorando la transparencia y la rendición de cuentas?
Las respuestas, a nuestro modo de ver las cosas, son positivas. La era corrupta que tanto dañó la imagen de México ha terminado al concluir el sexenio gubernamental anterior.
De nada sirvió que ciudadanos y organizaciones de la llamada sociedad civil -incluso la Auditoría Superior de la Federación-denunciaran las trapacerías que cometieron los funcionarios más importantes del gabinete de Enrique Peña Nieto, que de la manera más impune fueron cobijados con el manto protector presidencial, evitando ser investigados y castigados.
Algunos recibieron como premio un sillón en el Congreso de la Unión con el consecuente fuero que los hace intocables. Otros dicen, una vez asegurado su futuro económico, se retirarán de la política. Ojalá nunca vuelvan.
Con el arribo a la Presidencia de la República de Andrés Manuel Obrador, quien utilizó la bandera del combate a la corrupción permitiéndole obtener 30 millones de votos en las elecciones de julio pasado, surge la esperanza -como lo ha dicho de manera coloquial- “se acabarán los moches” en todos los ámbitos del sector público. Misión imposible, dicen algunos. Tarea que requerirá grandes esfuerzos con muchos riesgos por la importancia de los intereses que serán afectados, vaticinan otros. Sin embargo, la promesa presidencial sigue firme.
Ahora bien, para llamar a cuentas a quienes en el pasado utilizaron sus cargos “para servirse, no para servir a la comunidad”, no vemos la necesidad que se realice una consulta popular -a las que es muy afecto el político tabasqueño- ya que el reclamo popular generalizado es: “Quienes se hayan desempeñado en forma deshonesta” sean llevados ante los tribunales.
Una vez que esto ocurra, esperamos que los juicios sean llevados sin clemencia alguna y no se repitan las telenovelas en que se han convertido los que se llevan contra ex gobernadores corruptos de Veracruz -junto con su esposa-, Sonora y otros que andan prófugos en el extranjero, sin que inexplicablemente nadie los pueda traer.
Mención especial merece el ex gobernador de Chihuahua, quien pese a la gravedad de los cargos que se le imputan y gran número de solicitudes de extradición por parte de nuestro gobierno, se pasea impunemente en ciudades de Texas, “sin que nadie pueda localizarlo para detenerlo y entregarlo a nuestras autoridades”.
Celebremos, pues, el fin de la “era de la corrupción” y el arribo de los tiempos en que surgirá la “era de la justicia”.
