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La remoción de la directora general de Auditoría Forense, Muna Dora Buchahin, en la Auditoría Superior de la Federación (ASF) significa -como se dice popularmente- “una raya más al tigre” en relación al tema de la corrupción rampante que impera en México.
Con el reconocimiento de ser uno de los personajes clave en la detección y denuncia de diversas irregularidades sobre el manejo de recursos públicos a lo largo y ancho del país, en donde sobresale el caso de la “estafa maestra”, hay indicios de que el despido de la funcionaria responde a una intención por obstruir la justicia en estos procesos, cuyo monto implica un daño al erario por 7.7 mil millones de pesos.
La Dra. Buchahin dio a conocer la semana pasada que su despido se hizo en condiciones “tan sorpresivas como improcedentes”, motivo por el cual solicitó por escrito al titular de la ASF, David Rogelio Colmenares Páramo, precisar las razones para separarla del cargo. Dicha misiva la hizo del conocimiento público el pasado 30 de mayo y en ésta la funcionaria informa que la Unidad de Asuntos Jurídicos de la ASF se negó a autorizar auditorías con base en denuncias “documentadas” que advierten de nuevos desvíos por 275.2 millones de pesos.
La respuesta a dicha solicitud vino de parte de Gerardo Lozano Dubernard, auditor especial de Cumplimiento Financiero de la ASF, segundo de a bordo después de titular de la ASF y quien fuera precisamente el encargado de comunicar la decisión a la funcionaria.
En un comunicado que se dio a conocer este lunes durante una entrevista que hizo para #AristeguiEnVivo, el funcionario aseguró que asume “toda la responsabilidad” del despido luego de que recibió “mucha información en relación a que se utilizaban los recursos humanos del área forense” para llevar la contabilidad de una “asociación civil no tiene ninguna relación con la ASF, excepto prestarle servicios profesionales”.
Al respecto, por vía telefónica Buchahin respondió que la acusación era totalmente falsa.
Durante el programa, Dubernard afirmó que personal adscrito a la auditoría forense le contó lo que ocurría con Muna y la asociación civil, por lo que solicitó al órgano de vigilancia interna hacer las investigaciones pertinentes, justificando con ello el despido por pérdida de confianza. No obstante, ante la insistencia de la conductora Carmen Aristegui sobre si estaba 100% convencido de si se habían utilizado recursos públicos por parte de la funcionaria, contestó: “Eso lo va a decir la Unidad de Evaluación y Control de la Cámara de Diputados”.
La entrevista permite establecer que las acusaciones que versaban sobre Buchahin no se hicieron de su conocimiento al momento de comunicarle la decisión de removerla. Y lo peor: Que las imputaciones en su contra, supuesto motivo para su remoción, no han sido confirmadas.
Lo anterior resulta grave, pues es inconcebible que los responsables de una instancia que debe apegarse a principios de legalidad, esté sentando precedente de violación al debido proceso. Además, incurra en un acto de difamación al dar a conocer un supuesto desvío de recursos públicos, sin que medie acusación formal y, menos, una resolución judicial al respecto.
Dubernard, según afirmó en el programa de Aristegui, lleva apenas 13 días en el cargo. Y una de sus primeras acciones fue notificar (23 de mayo) a Buchahin su despido para surtir efecto a partir del día último del mes.
No es de extrañar que la decisión hubiera estado basada en el poder disponer de la plaza que ocupaba la funcionaria para entregarla a un colaborador de más confianza, tal como ya es costumbre en el servicio público. El problema está en que dada la importancia de los casos que venía manejando la funcionaria, la acción ameritaba mayor prudencia por parte de los responsables recién entrantes a la ASF.
No obstante, dada la magnitud de los desfalcos en trámite, no se puede descartar la posibilidad de que el movimiento obedezca a la intención de retrasar o incluso frenar por completo las investigaciones.
Si estuviéramos en un país verdaderamente democrático, las declaraciones de Dubernard serían materia suficiente para exigir una investigación que esclarezca si existen otras razones de fondo detrás de la remoción. En los últimos años, la ASF nos ha dado un cúmulo de datos relacionados a la corrupción que impera en nuestro país. Sería muy tonto pensar que los afectados por su trabajo habrían de quedarse inmóviles a la espera de pagar por sus crímenes sin hacer algo por evitarlo.
Como dice el refrán popular: “Cuando el río suena, agua lleva”, por lo que me inclino a pensar que el despido de Buchahin y las implicaciones que ello traerá consigo obedece a intereses oscuros.
