/ jueves 11 de febrero de 2021

Una política energética condenada al fracaso

La propuesta gubernamental para reformar el Sistema Eléctrico Nacional representa uno de los más grandes y graves errores de política energética del gobierno actual: Es a la vez regresiva, costosa, inconstitucional, violatoria de tratados internacionales y perjudicial para el medio ambiente.

La reforma, presentada a principios de febrero, es un grave retroceso y un mensaje al mundo de que a nuestro país le es irrelevante el cambio climático. Con la propuesta, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) dejará en último lugar la adquisición y el desarrollo de proyectos de energías renovables, para apostar por el uso de combustibles fósiles para la generación de energía eléctrica. De esta forma no solo dejamos de lado los compromisos suscritos por el Acuerdo de París, también violamos el T-MEC y el Acuerdo Ambiental con Canadá y los Estados Unidos, los cuales prevén la transición a energías renovables.

Los cambios a la Ley de la Industria Eléctrica son abiertamente inconstitucionales al eliminar la posibilidad de que el sector opere en condiciones de competencia y eficiencia, lo que afectará los precios para la producción de energía, impactando de forma directa en el consumidor final, así como en las finanzas de la CFE, lo que obligará a subsidiar el abasto y generará un boquete en las finanzas de la empresa productiva.

La apuesta del gobierno por el uso de energías fósiles como el combustóleo y el petróleo es contraria a la nueva dinámica global, cuya punta de lanza son naciones que han dejado de lado la producción de carbón, a la vez que están migrando a vehículos impulsados por energías renovables. México quedará rezagado de la nueva economía verde y será motivo y sujeto de sanciones ambientales, como una nación que es incapaz de disminuir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Además, las consecuencias para la salud serán graves y se reflejarán en el predominio de diversas enfermedades, principalmente respiratorias.

La reforma que propone el gobierno condena a Baja California al oscurantismo energético, toda vez que se relegarán las energías renovables aumentando la dependencia de la red Oeste de Estados Unidos. De esta forma seguirán las presiones sobre los precios, así como el problema de abasto que ha obligado a racionar el uso de la energía eléctrica, lo que es prácticamente imposible en épocas de extremo calor y frío. Además, se abandonará de forma definitiva el proyecto de vincular a la entidad con el Sistema Interconectado Nacional.

De aprobarse la propuesta gubernamental, nosotros y nuestras familias padeceremos sus efectos adversos: Más contaminación, precios más altos, problemas en el suministro y dependencia de la red Oeste de Estados Unidos. En suma, la propuesta gubernamental no es otra cosa que condenar al fracaso a nuestra política energética, regresar al pasado y retroceder décadas con respeto a una agenda global que demanda que México tome decisiones urgentes para revertir el deterioro ambiental mundial.

La propuesta gubernamental para reformar el Sistema Eléctrico Nacional representa uno de los más grandes y graves errores de política energética del gobierno actual: Es a la vez regresiva, costosa, inconstitucional, violatoria de tratados internacionales y perjudicial para el medio ambiente.

La reforma, presentada a principios de febrero, es un grave retroceso y un mensaje al mundo de que a nuestro país le es irrelevante el cambio climático. Con la propuesta, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) dejará en último lugar la adquisición y el desarrollo de proyectos de energías renovables, para apostar por el uso de combustibles fósiles para la generación de energía eléctrica. De esta forma no solo dejamos de lado los compromisos suscritos por el Acuerdo de París, también violamos el T-MEC y el Acuerdo Ambiental con Canadá y los Estados Unidos, los cuales prevén la transición a energías renovables.

Los cambios a la Ley de la Industria Eléctrica son abiertamente inconstitucionales al eliminar la posibilidad de que el sector opere en condiciones de competencia y eficiencia, lo que afectará los precios para la producción de energía, impactando de forma directa en el consumidor final, así como en las finanzas de la CFE, lo que obligará a subsidiar el abasto y generará un boquete en las finanzas de la empresa productiva.

La apuesta del gobierno por el uso de energías fósiles como el combustóleo y el petróleo es contraria a la nueva dinámica global, cuya punta de lanza son naciones que han dejado de lado la producción de carbón, a la vez que están migrando a vehículos impulsados por energías renovables. México quedará rezagado de la nueva economía verde y será motivo y sujeto de sanciones ambientales, como una nación que es incapaz de disminuir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Además, las consecuencias para la salud serán graves y se reflejarán en el predominio de diversas enfermedades, principalmente respiratorias.

La reforma que propone el gobierno condena a Baja California al oscurantismo energético, toda vez que se relegarán las energías renovables aumentando la dependencia de la red Oeste de Estados Unidos. De esta forma seguirán las presiones sobre los precios, así como el problema de abasto que ha obligado a racionar el uso de la energía eléctrica, lo que es prácticamente imposible en épocas de extremo calor y frío. Además, se abandonará de forma definitiva el proyecto de vincular a la entidad con el Sistema Interconectado Nacional.

De aprobarse la propuesta gubernamental, nosotros y nuestras familias padeceremos sus efectos adversos: Más contaminación, precios más altos, problemas en el suministro y dependencia de la red Oeste de Estados Unidos. En suma, la propuesta gubernamental no es otra cosa que condenar al fracaso a nuestra política energética, regresar al pasado y retroceder décadas con respeto a una agenda global que demanda que México tome decisiones urgentes para revertir el deterioro ambiental mundial.