/ jueves 9 de septiembre de 2021

Una Política Migratoria que criminaliza

La crisis migratoria que vivimos en nuestras fronteras es una de las más agudas de la historia. La pandemia, la caída de la actividad económica, la inestabilidad política, la falta de oportunidades y la falta de apoyos a empresas, organizaciones y familias, principalmente por parte del gobierno mexicano, están causando una nueva oleada migratoria en nuestra frontera norte. La crisis se agudiza día a día: tan solo en julio, autoridades estadounidenses detuvieron a más de 200 mil personas, de las cuales casi un tercio eran de origen mexicano. En este año, la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos ha detenido a más de 1.2 millones de migrantes.

Será complicado que consigan asilo político | Alejandro Gómez | Diario del Sur


La Corte Suprema de los Estados Unidos ordenó que el programa Permanece en México (Remain in Mexico) se active de nueva cuenta, confirmando lo que un Juez de Texas había dictado. Esta orden mantiene a México como una especie de tercer país seguro, incapaz de garantizar una migración ordenada, regular y segura. Hoy las personas que migran se ven amenazadas por polleros y por organizaciones criminales. La política migratoria del gobierno federal, que ha colapsado nuestras fronteras, ha sido incongruente y de subordinación. La orden de desplegar la Guardia Nacional, además de graves violaciones a los derechos humanos de las personas que migran, pervierte la misión de la Guardia, de garantizar la seguridad interior. Así, mientras el gobierno da impunidad a criminales con su política de “abrazos, no balazos”, trata a las personas que buscan refugio o que aspiran a mejorar sus condiciones de vida como si fueran criminales.

La crisis en ambas fronteras se ha visto agudizada por la política de austeridad, que ha cortado el apoyo a organizaciones de la sociedad civil, que protegían a las personas que migran. Hoy los refugios para migrantes, como los de Baja California, además de saturados y sin recursos, son un riesgo más para la vida y la salud de personas que viven en condiciones adversas de hacinamiento y vulnerabilidad.

El gobierno ha apostado por coordinarse con los Estados Unidos de América para poner en marcha un proyecto de inversión y apoyo a las empresas en el sur de México y en el Triángulo del Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras). Estos apoyos a proyectos productivos, si bien son un paso importante para hacer frente a una de las causas del fenómeno migratorio, no atienden a la inestabilidad política y a la inseguridad que prevalecen en la región. La apuesta por nuevos proyectos productivos, además de que tendría resultados en el mediano y largo plazo, requiere que se garantice la certeza a las inversiones y el cumplimiento de contratos y acuerdos, cosas en las que el gobierno de México ha dado muestras de incongruencia e incertidumbre.

Es lamentable que las personas migrantes tengan que enfrentar violencia, vejaciones y persecuciones. Esta política migratoria incongruente, que criminaliza la migración, debe dar paso a una nueva dinámica en la que el respeto a los derechos y a la dignidad de cada persona sean principios fundamentales. Es lamentable e inadmisible que el trato que pedimos a nuestros connacionales por parte del vecino del norte no lo podamos dar a nuestras hermanas y hermanos migrantes; esta situación debe terminar.

La crisis migratoria que vivimos en nuestras fronteras es una de las más agudas de la historia. La pandemia, la caída de la actividad económica, la inestabilidad política, la falta de oportunidades y la falta de apoyos a empresas, organizaciones y familias, principalmente por parte del gobierno mexicano, están causando una nueva oleada migratoria en nuestra frontera norte. La crisis se agudiza día a día: tan solo en julio, autoridades estadounidenses detuvieron a más de 200 mil personas, de las cuales casi un tercio eran de origen mexicano. En este año, la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos ha detenido a más de 1.2 millones de migrantes.

Será complicado que consigan asilo político | Alejandro Gómez | Diario del Sur


La Corte Suprema de los Estados Unidos ordenó que el programa Permanece en México (Remain in Mexico) se active de nueva cuenta, confirmando lo que un Juez de Texas había dictado. Esta orden mantiene a México como una especie de tercer país seguro, incapaz de garantizar una migración ordenada, regular y segura. Hoy las personas que migran se ven amenazadas por polleros y por organizaciones criminales. La política migratoria del gobierno federal, que ha colapsado nuestras fronteras, ha sido incongruente y de subordinación. La orden de desplegar la Guardia Nacional, además de graves violaciones a los derechos humanos de las personas que migran, pervierte la misión de la Guardia, de garantizar la seguridad interior. Así, mientras el gobierno da impunidad a criminales con su política de “abrazos, no balazos”, trata a las personas que buscan refugio o que aspiran a mejorar sus condiciones de vida como si fueran criminales.

La crisis en ambas fronteras se ha visto agudizada por la política de austeridad, que ha cortado el apoyo a organizaciones de la sociedad civil, que protegían a las personas que migran. Hoy los refugios para migrantes, como los de Baja California, además de saturados y sin recursos, son un riesgo más para la vida y la salud de personas que viven en condiciones adversas de hacinamiento y vulnerabilidad.

El gobierno ha apostado por coordinarse con los Estados Unidos de América para poner en marcha un proyecto de inversión y apoyo a las empresas en el sur de México y en el Triángulo del Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras). Estos apoyos a proyectos productivos, si bien son un paso importante para hacer frente a una de las causas del fenómeno migratorio, no atienden a la inestabilidad política y a la inseguridad que prevalecen en la región. La apuesta por nuevos proyectos productivos, además de que tendría resultados en el mediano y largo plazo, requiere que se garantice la certeza a las inversiones y el cumplimiento de contratos y acuerdos, cosas en las que el gobierno de México ha dado muestras de incongruencia e incertidumbre.

Es lamentable que las personas migrantes tengan que enfrentar violencia, vejaciones y persecuciones. Esta política migratoria incongruente, que criminaliza la migración, debe dar paso a una nueva dinámica en la que el respeto a los derechos y a la dignidad de cada persona sean principios fundamentales. Es lamentable e inadmisible que el trato que pedimos a nuestros connacionales por parte del vecino del norte no lo podamos dar a nuestras hermanas y hermanos migrantes; esta situación debe terminar.