PRISMA
Bien -muy bien- que el Colegio Estatal de Economistas de Baja California haya hecho la precisión: El estudio que se le encomendó no será la base para el aumento de tarifas en el servicio público de transporte de personas en Mexicali. Es decir, no será la institución la que establezca la nueva tarifa a cobrar por el servicio.
Su presidente Domingo Ramos declaró a nuestro diario que la investigación realizada por instrucciones del sector transportista -que estará concluida dentro de dos semanas- solo incluye una serie de recomendaciones integrales relacionadas con costos y esas complicadas cuestiones.
Advirtió además que las decisiones que tomen el Consejo Municipal del Transporte Urbano y el Ayuntamiento que preside Gustavo Sánchez Vásquez deben ser ajenas a situaciones de tipo político, considerando la información que arroje el trabajo realizado a conciencia por expertos.
Al parecer en Mexicali se viene manejando una tarifa general que busca “identificar el punto de equilibrio, entre costos operativos de las empresas con las necesidades de usuarios y de la ciudadanía en general”.
Hizo notar que el trabajo realizado trata de un estudio eminentemente técnico riguroso -con bases científicas-, que analiza las variables económicas que impactan en la prestación del servicio del transporte público, que finalmente servirá para saber “si el aumento de tarifas es pertinente y necesario”.
Para ello se están considerando elementos -insumos-como la inflación, paridad peso-dólar, modelo empresarial de los transportistas, entre otros aspectos relacionados, que necesariamente impactan en los costos del servicio.
El contenido del estudio, apoyado con dichos elementos, se pondrá a la consideración del Consejo Municipal del Transporte y de las autoridades municipales que serán las instancias que tomen la decisión final en cuanto al monto de la tarifa.
Ramos deslindó a la institución de la información difundida por algunos transportistas en el sentido de que la nueva tarifa debía ser de 23 pesos, lo que calificó de inexacto porque ellos no han hecho propuesta alguna, puesto que la realización del estudio todavía no concluye.
Quienes conocen el negocio transportista dicen que la solución de sus problemas requiere una reestructuración integral que contemple desde las modificaciones de rutas hasta la creación de paraderos y de manera particular, eliminar “el transporte pirata”, como es el caso del servicio que se presta al personal de la industria maquiladora -que reclama ser regularizado- al haberse convertido en competencia desleal para el transporte formal y en un freno para la reestructuración integral del transporte urbano de pasajeros en Mexicali. Así de sencillo.
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