Estrategia$
En la campaña presidencial, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) prometió reducir el IVA en la frontera del 16 al 8%. Su oferta parecía cristalizarse a fines de diciembre pasado con la firma del “Decreto de Estímulos Fiscales región fronteriza Norte”.
No obstante, ya transcurrió el primer mes de 2019 y aún no vemos el resultado esperado. La mayoría de las empresas siguen cobrando la tasa del 16%. Y convencen muy poco aquellas que informan que ya otorgan el beneficio del 8%, pues sus precios resultan iguales o más altos a los que exhibían en diciembre pasado.
Como se recordará, la idea de reducir el impuesto al consumo era contrarrestar la desaceleración económica que registraron las entidades fronterizas en los últimos años. Las razones de este comportamiento se atribuyeron fundamentalmente a un detrimento de la competitividad, así como a la pérdida de poder adquisitivo de la población. Esto último, por la homologación del IVA con el resto del país a partir de enero de 2014, entre otros.
En este contexto, AMLO dejó claro que la medida estaría enfocada a restituir a los fronterizos lo que se nos había quitado. Pero algo sucedió. Una cosa es la pretensión del primer mandatario y otra la que interpretaron sus subalternos, responsables de redactar el Decreto correspondiente.
Si el objetivo primordial era beneficiar a la población, ¿cómo explicar que hayan omitido la condición que, para poder gozar del estímulo, las empresas tendrían que trasladarlo obligadamente a los consumidores?
Imponer la limitante anterior era cosa de primaria, pues la propia SHCP alegó en su momento que el diferencial que había antes de la homologación del IVA, no se transponía a la población. Argumentó que los proveedores del centro del país no sólo se lo apropiaban, sino que sus precios resultaban ser 5% mayores en promedio.
Además del traspié anterior, los objetivos del Decreto se desviaron para convertirlo en un instrumento más de fiscalización. Una buena parte de los requisitos determinados no están orientados a evitar abusos como los que acontecieron antes de la homologación, sino darle al SAT elementos que facilitan su tarea de vigilancia y sanción. Hay que decirlo: Les faltó sentido común.
Así, los consumidores no tendremos la gracia de un IVA reducido, a menos que hagan modificaciones sustanciales a las reglas emitidas a la fecha. Quiero pensar que los deslices fueron producto de una falta de experiencia de quienes tuvieron la decisión final del contenido del Decreto, aunque no descarto la posibilidad de mala fe, particularmente si quienes lo redactaron buscaron “ponerle un cuatro” a la administración de AMLO por las razones que usted quiera.
Estoy seguro de que rectificarán lo necesario para cumplir la promesa del “Peje”. Es cuestión de tiempo, pero no estaría de más que un periodista pregunte al Presidente en una de sus conferencias matutinas si está enterado del error mayúsculo del Decreto y cuáles serán sus instrucciones al respecto. En vía de mientras, tengamos paciencia.
