Estrategia$
Está en la naturaleza del hombre jactarse de sus éxitos y ocultar sus fracasos. Y cuando esto último no funciona, utilizar argucias para engañar y hacer ver aquello que resultó mal como una victoria.
Los gobiernos no están exentos de este comportamiento y así lo ha hecho la administración de Enrique Peña Nieto (EPN) respecto a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), rebautizado como Acuerdo Estados Unidos, Mexico y Canadá (USMCA, por sus siglas en inglés).
Bajo el pacto de confidencialidad, los arreglos alcanzados en las rondas de negociación se mantuvieron en secreto. La información divulgada versó sobre las controversias en grandes temas como reglas de origen del sector automotriz, mecanismo para resolución de disputas comerciales, cláusula “sunset”, salarios y “estacionalidad” agrícola. Y no pasó más allá de eso.
Ahora, ya con el pacto para revisión y aprobación de las legislaturas de cada país, el gobierno mexicano pretende mantener en opacidad los resultados.
A poco más de una semana de culminar el entendimiento tripartito, la Secretaría de Economía no ha dado a conocer el texto firmado. Sólo ha publicado dos documentos en su página web que en opinión de las organizaciones sociales que integran el colectivo “México mejor sin TLC”, “no cumplen con la exigencia legal ni los principios de transparencia mínimos”.
Añaden que el primero constituye una serie de resúmenes que no tienen validez oficial ni sirven para efectuar un análisis serio del tema. Mientras el segundo es un texto no oficial en inglés que está sin concluir.
Las autoridades sostienen que la conclusión del acuerdo fue exitosa. Se suma la opinión del Presidente electo, quien se congratula por su intervención, especialmente por lograr la inclusión de dos párrafos en los que se reconoce que México es un país libre, independiente y soberano, para ejercer dominio sobre sus recursos naturales, como es el petróleo.
Otros han sido más cautos en cuanto a los alcances, como el presidente nacional de Coparmex, quien expresó que se logró un “buen acuerdo, no perfecto, pero sí con estas circunstancias”.
La realidad es que el balance resultó desfavorable para nuestro país, tal y como se esperaba dada la actitud de rechazo de Donald Trump hacia el TLCAN. No hay espacio para tratar todos los puntos en los que obtuvo ventajas, pero vale la pena hacer especial mención al capítulo 14 sobre Inversiones, en su anexo 14D referente a las disputas entre ambos países en materia de inversiones, así como al 14E sobre querellas relacionadas con contratos gubernamentales.
El primer anexo mantiene el mecanismo de protección a las inversiones extranjeras conforme a las modalidades que manejaba el TLCAN y el segundo abre la ruta anterior a las inversiones que sean parte de un contrato gubernamental en sectores como el de hidrocarburos y gas, telecomunicaciones, generación de energía, transportes y proyectos de infraestructura.
Con ello, toda decisión de soberanía sobre dichas actividades deberá considerar los posibles efectos de reclamos ante el organismo internacional.
Lo anterior merece especial atención de nuestros legisladores, pues parece ser contrario al espíritu de independencia y soberanía que busca mantener el gobierno entrante. ¿Será ésta una de las razones para que el contenido del nuevo acuerdo se mantenga bajo cierta reserva?
