El debate tijuanense que viene
Según declaró la presidenta de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) en Baja California, en el debate (de candidatos presidenciales) a celebrarse el próximo domingo 20 de mayo en Tijuana, ocurrirá la novedosa participación de 42 residentes de aquella ciudad que podrán hacer seis cuestionamientos directos a los aspirantes a la Presidencia de la República.
Sin que la funcionaria proporcionara mayores datos sobre el método de selección de envidiables 42 ciudadanos, precisó que ‘se buscará que el público se forme por personas de 18 a 65 años o más y haya paridad de género; los moderadores y los ciudadanos se encargarán de construir las preguntas y ellos mismos serán los encargados de hacerlas’.
Resulta obvio que aun tratándose de la elección del Presidente de México, la ciudadanía del resto de los Municipios del Estado quedó excluida de dicho ejercicio, pese a mantener similar interés sobre el trascendental proceso.
Tampoco se advierte imparcial el formato para elegir a quienes formularán las preguntas, aunque ‘ellos mismos -moderadores y ciudadanos- lo determinarán’.
Desde luego es entendible que ‘la base principal de los cuestionamientos es que sean de interés general’, de donde asumiendo poseer el legítimo derecho, pero ante el ‘impedimento’ de nuestra (orgullosa) residencia en el valle de Mexicali, nos tomamos -enviando las disculpas de rigor- el atrevimiento de plantear aquí a los cinco candidatos una pregunta que surge del diálogo permanente con campesinos y habitantes de Mexicali (capital de Baja California), dado que no se sabe incluida en ninguna de las propuestas y/o proyectos de nación ofrecidos a la sociedad: ¿Se promoverá la revisión legislativa del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de adecuar el catálogo de delitos ‘no graves’, que a la fecha autoriza conceder la libertad a delincuentes portando armas de uso exclusivo del Ejército Mexicano?
La impunidad, admítase o no, auspiciada a través de esa codificación que no parece generada bajo el principio de que “la ley es para el hombre, no el hombre para la ley”, deviene por demás indignante y corregible.
