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La creación del Tianguis del Bienestar, una propuesta del Presidente de México para vender ropa, zapatos y otros productos decomisados por el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (Indep) en las zonas más marginadas del país, puede generar dumping, una práctica ilegal que consiste en vender mercancía por debajo de su precio de mercado, advierten especialistas.
Mirza Valeria Salazar, especialista en derecho de acceso a la información, resaltó que la iniciativa va en contra de la ley y pone en riesgo a la gente si se quiere vender mercancía que genere un dumping económico.
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“Es muy difícil de asegurar, pero el mismo Presidente podría generar el dumping económico al querer vender esta mercancía a un precio mucho más barato de lo que está en el mercado. Con ello también se estaría afectando a los comerciantes del producto”, subrayó la experta.
Agregó que las afectaciones también se presentarían en caso de vender o comprar un artículo de procedencia ilegal, es decir, aquellos que están autorizados en México, se obtuvieron mediante contrabando o robo, por ejemplo.
El 21 de junio, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que prepara una reforma administrativa que permita vender artículos confiscados, pues el decomiso y almacenamiento de estos y otros artículos representan grandes gastos al erario.
El presidente precisó que el organismo tiene que pagar la renta de alrededor de 300 bodegas en el país para almacenar la mercancía confiscada.
“La venta de estos productos podría llegar a través del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado. Aunque no se viola nada al poner esto a la venta, porque el Estado recupera lo que gasta por resguardarlo, sí debe de existir una modificación para que la mercancía sea completamente legal” y evitar la venta de productos pirata o robados, explicó Salazar.
“Sólo si los objetos son originales y se decomisaron por la falta de pago de impuestos en su importación o porque se le incautaron a quien cometió un delito, entonces el Gobierno Federal puede venderlos”, comentó Erika Soriano, abogada corporativa del despacho Martínez & Morales Abogados.
Si se trata de mercancía pirata, la salud de las personas también puede estar en riesgo, porque en la mayoría de las veces los productos son fabricados con insumos de mala calidad o perjudiciales, mencionó Carlos Dávila-Peniche, socio de la firma Baker McKenzie.
“No existe justificación para el argumento de ‘vender bienes apócrifos al pueblo, porque ellos lo necesitan’. ¿Dónde queda el consumo informado al que tienen derecho los consumidores? Es absurdo y deplorable que sea el Estado quien activamente venda mercancía apócrifa incautada, siendo que su único destino debería ser la destrucción”, precisó.
