El gobernador Jaime Bonilla Valdez, junto con el alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz, acumuló su segunda amonestación pública, por parte del Tribunal de Justicia Electoral del Estado (TJE), que lo decidió por unanimidad.
Lo anterior, al ser beneficiado por un acto sindical que se convirtió en proselitista, durante la campaña electoral local de 2019, mientras que a la alcaldesa de Mexicali, Marina del Pilar Ávila Olmeda, le propinan la primera.
En la sesión del pasado 16 de enero, el TJE resolvió sancionar con una amonestación pública al gobernador y al alcalde de Tijuana, así como a diputados locales, debido al mismo motivo, una reunión sindical se convirtió en proselitista, por lo que en la sesión de ayer, la historia se repitió.
Al mediodía de hoy, se celebró la sesión pública por parte del TJE, en que la magistrada Elba Regina Jiménez Castillo, presentó el proyecto PS-65/2019, donde el PAN denuncia al senador con licencia y secretario nacional de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), Pedro Haces Barba y otros.
En la relatoría, se señala que una asamblea del CATEM realizada el 19 de mayo del 2019, se convirtió en proselitista cuando de pronto llegaron los candidatos de la entonces coalición Unidos Haremos Historia en Baja California, conformada por los partidos, Morena, PT, PVEM y Transformemos.
En el evento, se presentó el entonces candidato y hoy gobernador, Jaime Bonilla Valdez, el aspirante a la alcaldía de Tijuana, Arturo González Cruz, quienes se llevaron una amonestación pública por ser beneficiados del evento.
También se lleva una amonestación pública por culpa in vigilando, los partidos de la coalición, por no cuidar que la campaña se lleve dentro de la legalidad.
El secretario general del CATEM no se llevó amonestación, pero a quienes sí se le impuso una multa correspondiente a 100 UMA (Unidad de Medida y Actualización), fue la secretaria de relaciones internacionales de ese organismo, Patricia Sosa Castellanos, que equivale a 8 mil 449 pesos.
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Jiménez Castillo señaló que la jurisprudencia señala que no se debe hacer proselitismo en un evento sindical, ya que eso es coacción al voto, ya que coarta la libertad del sufragio.
Una para Marina
El proyecto PS-66/2019 fue presentado por el magistrado Leobardo Loaiza Cervantes, en contra de la alcaldesa Marina del Pilar Ávila Olmeda, quien junto con los hoy diputados por Morena, María Luisa Villalobos, Eva Griselda Rodríguez, Juan Manuel Molina y Juan Meléndrez Espinoza, serán amonestados públicamente.
Lo anterior por coacción del voto por hacer proselitismo en un evento sindical.
En la relatoría de los hechos, se señala que en un evento realizado el 1 de mayo de 2019, Día del Trabajo, asistieron los antes mencionados a una reunión del CATEM, con el fin de que fueran presentados y posicionados ante los afiliados, en un evidente apoyo a estos, lo que transgrede la norma electoral.
La organizadora, Patricia Sosa Castellanos, fue sancionada a pagar 100 UMA, por el discurso de apoyo que dio a los candidatos, mientras que la alcaldesa y los diputados locales, serán amonestados públicamente por ser los beneficiados de ese evento.
También los partidos políticos integrantes de la coalición Juntos Haremos Historia en Baja California serán amonestados por “culpa in vigilando”, mientras que tanto al CATEM, como a su secretario general haces Barba, no se les encontró responsabilidad.
