No obstante que su mandato termina el próximo 31 de octubre, el Congreso del estado aprobó por 15 votos a favor y 2 en contra, que el gobernador Jaime Bonilla Valdez Pueda celebrar un contrato por cerca de 2 mil millones de pesos, para la alimentación en los penales del estado.
Durante la sesión no presencial realizada ayer, se presentó el dictamen 166 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto referente a la Iniciativa de Decreto por la que se autoriza al Ejecutivo del Estado lo siguiente:
“Que realice las gestiones administrativas y financieras necesarias para la celebración de un contrato de servicios plurianual para el suministro de insumos, víveres y productos para el procesamiento de alimentos para proporcionarse a la población de los centros de reinserción social y de internamiento de Baja California”.
SIN AVALAR SERVICIO
Los votos en contra corrieron a cuenta del diputado del PBC, Rodrigo Aníbal Otáñez y de la panista Loreto Quintero Quintero, quien fue la única que habló en contra del dictamen, al señalar que no se puede cooptar a la siguiente administración estatal con un contrato así, además, sin avalar el servicio que presta.
Los servicios contratados serán de un promedio de pago de 324 millones de pesos por año y tendrán como fecha límite para su celebración el próximo 30 de agosto.
Se trata de un contrato por 6 años por casi 2 mil millones de pesos para la alimentación de 12 mil 475 reos y 1 mil 154 custodios en el estado.
En la iniciativa se asegura que al inicio de esta administración el costo de porción de alimentos era de 70 pesos, logrando una reducción a 50 sin afectar la calidad alimentaria del servicio.
De celebrarse el contrato, se iniciaría con un costo de 300 millones, 024 mil 030.17 pesos, más IVA al 8 %, mientras que a una tasa anual del 3.15 % de inflación, en 2026 esta cifra se elevaría a 350 millones, 350 mil 064.70, para 2026.
Así, sin contar el 8 % de IVA, en el 2026 el estado habría erogado la cantidad de 1 mil 948 millones, 001 mil 956.51 pesos y al sumarle ese impuesto la cantidad se elevaría a 2 mil 108 millones, 842 mil 113.03.
En su exposición de motivos, el Ejecutivo estatal argumentó que “uno de los derechos de las Personas Privadas de la Libertad es que la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Baja California tiene la obligación de garantizar, alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, adecuada para la protección de su salud.
“La cual se proporciona vía el concepto de suministros que establece la Ley Nacional de Ejecución Penal que comprende a todos aquellos bienes que deben ofrecer los centros penitenciarios, gratuitamente, entre ellos, los alimentos”.
Si bien, los recursos económicos siempre serán limitados frente a las crecientes necesidades que se tienen como Estado, también lo es que no puede esgrimirse escasez de dinero para que a través de acciones u omisiones se apliquen medidas que vulneren los derechos de las personas, sino por el contrario dictar medidas para proteger al menos el núcleo esencial de los mismos.
Se estima que para el cumplimiento íntegro de las obligaciones y objetivos antes planteados la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Baja California considera necesario la implementación de un esquema que implica la intervención de la iniciativa privada.
Lo anterior, bajo la promoción de un modelo sustentable busque la contratación del servicio relacionado con el suministro de insumos, víveres y productos para el procesamiento de alimentos.
Esto, para proporcionarse a la población de los centros penitenciarios y de internamiento del Estado de Baja California bajo la figura de un contrato de servicios plurianual con una vigencia de 6 años, contados a partir de su firma.
La finalidad de este contrato estriba básicamente en el suministro de alimentación para la población interna de los Centros de Reinserción Social (Ceresos) y los Centros de Internamiento para Adolescentes (CIAs) a cargo de la Comisión Estatal.
Para que se garantice una alimentación higiénica, de buena calidad y valor nutricional suficiente para el mantenimiento de su salud, servida en ración diaria (desayuno, comida y cena) para la población interna.
Que los servicios que se pretenden contratar serán destinados única y exclusivamente a la atención de una población aproximada de 12 mil 475 personas privadas de la libertad, incluyendo adolescentes, a la cual se tiene obligación de proporcionarle la alimentación, es decir, de competencia del fuero local.
Sin embargo, el número de la población interna a atender varía de acuerdo a la fluctuación por los ingresos y liberaciones diarias en los Ceresos y CIAs, incluyendo además de 1 mil 154 oficiales de seguridad y custodia penitenciaria, ya que existe la obligación de proporcionarles alimentación.
También es una cantidad variable debido a la incorporación de nuevos elementos y aquellos que causan baja por alguna circunstancia.
