/ miércoles 23 de diciembre de 2020

Aprueban nueva Ley de Seguridad Pública

Iniciativa extiende beneficios a integrantes de los cuerpos policiales y sus familias

Por unanimidad, los diputados de la XXIII Legislatura aprobaron la nueva Ley de Seguridad Pública estatal, con la que se establecen nuevos derechos de seguridad social para los agentes policíacos de la entidad.

El pleno aprobó en sesión ordinaria virtual el dictamen 1 de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, que preside el diputado Rodolfo Adame Alba, que contiene la nueva Ley de Seguridad Pública de Baja California y que abroga la publicada en el Periódico Oficial en 2009.

Su objeto es contar con un marco jurídico moderno y de avanzada en materia de seguridad pública, que permita seguir en disminución de los índices delictivos, creando una cultura ante el ciudadano de denuncia, de transparencia y de confianza hacia las autoridades encargadas del sistema de seguridad pública estatal.

La iniciativa fue presentada por el gobernador Jaime Bonilla Valdez con el objetivo de proteger los derechos de seguridad social y de las familias de los policías, que se ha determinado ampliarlos.

Para tal efecto, se propuso añadir a la Ley de Seguridad Pública, un Título Décimo denominado “De la Seguridad Social y Beneficios Complementarios a Elementos de Instituciones Policiales”.

Asimismo, el artículo Octavo transitorio de esta iniciativa dispone que las instituciones de seguridad pública deberán expedir las disposiciones reglamentarias pertinentes, para instrumentar un sistema de seguridad social para el retiro, jubilación y demás prestaciones que establece la presente Ley. Además, se establece que las disposiciones reglamentarias deberán prever un apartado especial relativo a la regulación del cambio de adscripción de los miembros de las instituciones policiales y los aspectos que deberán contemplar.

CONSEJO ESTATAL DE PAZ

Con la ley se crea el Consejo Estatal de Seguridad y de Paz, que es la instancia de coordinación estatal de los tres órdenes de gobierno que tiene por finalidad ejecutar la planeación e implementación del Sistema Nacional de Seguridad Pública en la entidad, además se conforma el Instituto Estatal de Investigación y Formación Interdisciplinaria, un órgano de la Fiscalía General que servirá para formar, promover, facilitar, desarrollar y coordinar la profesionalización de los aspirantes, así como miembros de instituciones policiales en la entidad, agentes del Ministerio Público, peritos y demás servidores públicos adscritos a la misma institución.


Por unanimidad, los diputados de la XXIII Legislatura aprobaron la nueva Ley de Seguridad Pública estatal, con la que se establecen nuevos derechos de seguridad social para los agentes policíacos de la entidad.

El pleno aprobó en sesión ordinaria virtual el dictamen 1 de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, que preside el diputado Rodolfo Adame Alba, que contiene la nueva Ley de Seguridad Pública de Baja California y que abroga la publicada en el Periódico Oficial en 2009.

Su objeto es contar con un marco jurídico moderno y de avanzada en materia de seguridad pública, que permita seguir en disminución de los índices delictivos, creando una cultura ante el ciudadano de denuncia, de transparencia y de confianza hacia las autoridades encargadas del sistema de seguridad pública estatal.

La iniciativa fue presentada por el gobernador Jaime Bonilla Valdez con el objetivo de proteger los derechos de seguridad social y de las familias de los policías, que se ha determinado ampliarlos.

Para tal efecto, se propuso añadir a la Ley de Seguridad Pública, un Título Décimo denominado “De la Seguridad Social y Beneficios Complementarios a Elementos de Instituciones Policiales”.

Asimismo, el artículo Octavo transitorio de esta iniciativa dispone que las instituciones de seguridad pública deberán expedir las disposiciones reglamentarias pertinentes, para instrumentar un sistema de seguridad social para el retiro, jubilación y demás prestaciones que establece la presente Ley. Además, se establece que las disposiciones reglamentarias deberán prever un apartado especial relativo a la regulación del cambio de adscripción de los miembros de las instituciones policiales y los aspectos que deberán contemplar.

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