El Poder Legislativo aprobó que los establecimientos que venden alcohol en envase abierto como bares, antros y cafés cantantes, que de manera obligatoria, tengan guardias de seguridad privados capacitados por la secretaría de seguridad ciudadana.
Así como la obligación de contar con sistema de videograbación en todos los accesos y salidas, incluyendo las puertas de emergencia, y aplicar botones de pánico en el interior y en estacionamientos.
Dichos botones deberán de estar al acceso del personal, pero también de los comensales o consumidores; también deben de colocar arcos detectores de metales en los accesos al establecimiento, y genera una obligatoriedad a los bares a denunciar cualquier situación donde se solicite el auxilio de la seguridad.
En la sesión de pleno, se presentó una adenda, donde se delimitó que los sujetos obligados son solo aquellos donde su giro preponderante sea la venta de bebidas alcohólicas, por lo cual algunos restaurantes o casinos quedan fuera de la obligatoriedad.
La diputada Michel Sánchez Allende, inicialista del dictamen, explicó que los establecimientos están obligados a colaborar con las autoridades estatales y municipales en cualquier incidente, pero también en programas preventivos.
La reforma a la Ley para la Venta, Almacenaje y Consumo Público de Bebidas Alcohólicas del Estado de Baja California, incluye multas de 50 hasta las mil Unidades de Medidas de Actualización (Umas), que representa de los 5 mil 187 pesos a los 103 mil 740 aproximados.
También se estipuló la prohibición del ingreso de personas en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas, y no podrán emplear a menores de 18 años de edad, ni el acceso de armas.
La reforma entra en vigor 90 días posteriores a su publicación, para que los establecimientos realicen las adecuaciones y ajustes necesarios.
En dicho periodo de gracia, el Poder Ejecutivo tendrá 60 días para emitir las disposiciones reglamentarias; y los manuales y reglamentos de la secretaría de seguridad ciudadana en un plazo de 30 días.
Los guardias se seguridad privada deberán de capacitarse bajo el programa de control y confianza de la secretaría de seguridad ciudadana estatal.
