Por 16 votos a favor, tres en contra y una abstención, el Congreso local aprobó la creación del Instituto de Identidad Vehicular y Combate a la Contaminación del Estado, mejor conocido como “Bonillapromex”.
También aprobó una reforma al Código Penal que castiga con cárcel de 3 a 9 años, a quienes operen organismos que a cambio de dinero, amparen la circulación de vehículos de procedencia extranjera, con la promesa de regularizarlos.
En la sesión plenaria de ayer, el Congreso del estado aprobó los dictámenes 31 y 32 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, que preside el diputado por Morena Juan Manuel Molina García.
“El Instituto de Identidad Vehicular y Combate a la Contaminación del Estado será el organismo responsable de la operación, administración, censo e identificación de vehículos de procedencia extranjera que se encuentren y circulen en Baja California y su relación con los propietarios”, se establece en su artículo 1.
El Instituto será encabezado por una junta de Gobierno cuyo presidente será el secretario general de Gobierno y tendrá tres vocales que serán el secretario de Hacienda; el de Economía Sustentable y Turismo y el titular de Movilidad y Transporte del estado.
Una de las razones por las que el gobernador Jaime Bonilla Valdez propuso la creación del instituto, fue por seguridad, ya que argumenta que en el 85% de los delitos que se cometen son auxiliados por vehículos con placas de Estados Unidos o que se encuentran afiliados a organizaciones que amparan su estancia en el estado.
Además, por cuestiones ambientales, ya que se argumenta que del cerca del millón de vehículos que se encuentran en el padrón vehicular, solo el 44% cumple con la verificación ambiental vehicular, por lo que se hace necesario que los vehículos de ilegal estancia en el estado, también cumplan este requisito.
EL DELITO
En la reforma aprobada al artículo 250 del Código Penal del Estado se establece que:
“Comete el delito en contra del servicio de control vehicular, la persona que sin contar con la autorización de la autoridad pública competente, promueva o expida cualquier tipo de documentos, insignias, engomados, láminas o cartones de identificación vehicular, con la promesa o convicción para quien los recibe, que con ellos podrá circular un vehículo de motor que no cuente con documentos que acrediten su estancia y circulación legal en el territorio del estado.
“Este delito se perseguirá de oficio. Al responsable de las conductas previstas en este artículo se le aplicará de 3 a 9 años de prisión y multa de 500 a 2 mil veces el equivalente a la Unidad de Medida de Actualización.
“Si este delito es cometido al amparo de empresas, organizaciones o personas morales, las mismas serán penalmente responsables conforme al procedimiento para personas jurídicas previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales”.
EN CONTRA
La diputada por el PAN Eva María Vázquez argumentó su voto en contra al señalar que el crear un organismo con fines recaudatorios no es la solución, sino que se debe crear un frente común para solicitar a la Federación que regularice estos vehículos.
No existe certeza del costo del trámite, ya que esta iniciativa no se encuentra acompañada de una propuesta de reforma a la Ley de Ingresos del Estado, además, la Federación es la autoridad competente para realizar estos actos y no el estado.
El diputado Rodrigo Aníbal Otález Licona, del PBC, argumentó en su abstención que debe trabajarse el organismo de movilidad para fortalecer el transporte público y entonces depurar el padrón vehicular.
Por su parte, Molina García culpó a los expresidentes Vicente Fox, Felipe Calderón Hinojosa y a Enrique Peña Nieto de incrementar los precios de las importaciones de vehículos y por ello se encuentran en esta situación.
