/ sábado 15 de junio de 2024

Autoridades deben atender amparo de infantes antes del siguiente ciclo escolar

Una jueza de distrito extendió un documento para informar directamente a los alumnos sobre la situación de su amparo

La jueza sexta de distrito del estado de Baja California, Martha Alicia Alanís Sánchez, concedió una suspensión definitiva en la que ordenó a las autoridades educativas atender las deficiencias de infraestructura para 42 alumnos de educación especial en la Escuela Secundaria General Valle de Puebla II antes de que inicie el próximo ciclo escolar.

En diciembre de 2023 los padres y tutores de 42 alumnos de dicho plantel solicitaron un amparo para los menores debido a que la escuela no contaba con infraestructura ni personal adecuado para atender las necesidades de las niñas, niños y adolescentes en cuestión, recurso que se les concedió el 12 de febrero del presente año.

El abogado de los alumnos, Guillermo Rivera, detalló que el plantel no cuenta con plazas para maestros sombras, ni para otra psicóloga escolar que cubra el turno restante. Asimismo, indicó que la escuela no está abastecida de los medicamentos necesarios, o protocolos de acción, para atender las crisis que los menores padezcan.

Por su parte, la propia jueza Martha Alanís realizó un recorrido por el plantel, en donde detectó deficiencias en la infraestructura de los baños, canchas, pavimento, rampas de acceso, bebedores, áreas verdes y mobiliario.

En ese sentido, y en continuidad al amparo, la jueza sexta de distrito del estado concedió a los alumnos una suspensión definitiva del recurso el 12 de junio, en la que dictó a las autoridades educativas subsanar los puntos mencionados antes de que inicie el próximo ciclo escolar 2024-2025.

Asimismo, en el mismo dictamen reiteró a las autoridades de la Secretaría de Educación las medidas cautelares establecidas en la concesión del amparo, que exigen realizar estudios y análisis para determinar la forma en que cumplirán con su obligación de brindar una educación incluyente para las víctimas.

En la suspensión definitiva también se exigió a las autoridades generar programas para informar y concientizar a los padres de familia sobre los padecimientos de los alumnos que interpusieron el recurso de amparo.

Además, Alanís Sánchez agregó un texto al final de dicha resolución en el que explica detalladamente y con lenguaje simple la resolución emitida, a fin de que los alumnos que interpusieron el recurso puedan estar informados sobre su caso.

La jueza sexta de distrito del estado de Baja California, Martha Alicia Alanís Sánchez, concedió una suspensión definitiva en la que ordenó a las autoridades educativas atender las deficiencias de infraestructura para 42 alumnos de educación especial en la Escuela Secundaria General Valle de Puebla II antes de que inicie el próximo ciclo escolar.

En diciembre de 2023 los padres y tutores de 42 alumnos de dicho plantel solicitaron un amparo para los menores debido a que la escuela no contaba con infraestructura ni personal adecuado para atender las necesidades de las niñas, niños y adolescentes en cuestión, recurso que se les concedió el 12 de febrero del presente año.

El abogado de los alumnos, Guillermo Rivera, detalló que el plantel no cuenta con plazas para maestros sombras, ni para otra psicóloga escolar que cubra el turno restante. Asimismo, indicó que la escuela no está abastecida de los medicamentos necesarios, o protocolos de acción, para atender las crisis que los menores padezcan.

Por su parte, la propia jueza Martha Alanís realizó un recorrido por el plantel, en donde detectó deficiencias en la infraestructura de los baños, canchas, pavimento, rampas de acceso, bebedores, áreas verdes y mobiliario.

En ese sentido, y en continuidad al amparo, la jueza sexta de distrito del estado concedió a los alumnos una suspensión definitiva del recurso el 12 de junio, en la que dictó a las autoridades educativas subsanar los puntos mencionados antes de que inicie el próximo ciclo escolar 2024-2025.

Asimismo, en el mismo dictamen reiteró a las autoridades de la Secretaría de Educación las medidas cautelares establecidas en la concesión del amparo, que exigen realizar estudios y análisis para determinar la forma en que cumplirán con su obligación de brindar una educación incluyente para las víctimas.

En la suspensión definitiva también se exigió a las autoridades generar programas para informar y concientizar a los padres de familia sobre los padecimientos de los alumnos que interpusieron el recurso de amparo.

Además, Alanís Sánchez agregó un texto al final de dicha resolución en el que explica detalladamente y con lenguaje simple la resolución emitida, a fin de que los alumnos que interpusieron el recurso puedan estar informados sobre su caso.

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