/ miércoles 13 de mayo de 2020

Bajo fuertes cuestionamientos nace la Secretaría del Agua

La reforma fue aprobada por 19 votos a favor y 5 en contra

Ante fuertes cuestionamientos sobre la creación de un nuevo aparato burocrático, ante el derecho humano al acceso al agua, el Congreso del estado aprobó con 19 votos a favor y 5 en contra, la creación de la Secretaría del Agua.

En la sesión no presencial realizada el lunes, el presidente de la Comisión de Energía y Recursos Hidráulicos de la XXIII Legislatura, el diputado por MC, Elí Topete Robre presentó el dictamen 01, de la iniciativa presentada por el gobernador Jaime Bonilla Valdez.

Se trata de la iniciativa que reforma la Ley Orgánica para la Administración Pública, la Ley del Fomento a la Cultura del Cuidado del Agua, la Ley de las Comisiones Estatales de Servicios Públicos y la Ley que Reglamenta el Servicio de Agua Potable, todas del estado de Baja California.

La reforma fue aprobada por 19 votos a favor y 5 en contra por parte de las diputadas del PAN, Eva María Vásquez y Loreto Quintero; Aníbal Otáñez del PBC; David Ruvalcaba del PRI y Gerardo López del PRD.

Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

En contra

David Ruvalcaba Flores, diputado local por el PRI, manifestó que se ha creado una supersecretaría que tendrá el control absoluto del manejo del agua, cuando en contraparte el 31 de octubre del 2019, el Congreso aprobó la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal, donde se hizo una compactación de secretarías, que de 16 pasaron a 12.

Esto denota improvisación y que no existe una clara visión en la conducción del estado, ni para establecer la esperada transformación del estado, además, no puede aprobar una secretaría que rebasa las atribuciones federales, ya que pretende regular el agua de uso agrícola, que es de competencia federal.

La diputada por el PAN, Eva María Vásquez, señaló que no se requiere la creación de más estructura burocrática, cuando ya está la Comisión Estatal del Agua (CEA), además, no saben cuánto costará la operación de esta nueva secretaría.

Gerardo López del PRD, observó que no se recabó el sentir de los bajacalifornianos, ya que si bien, se realizaron mesas de trabajo, estas se hicieron en medio de una pandemia.

A Favor

La diputada por Morena, Miriam Cano señaló que los Derechos Humanos no pueden estar en cuarentena, en el Sur del estado hay muchas poblaciones que carecen de agua, y que tienen que utilizar 8 tambos a la semana, y lo pagan a un precio mucho más elevado que en las ciudades.

Elí Topete aclaró que la iniciativa sí fue socializada, además, es facultad del gobernador la creación de nuevas secretarías.

Mientras que Juan Manuel Molina García, señaló que las comisiones estatales de servicios públicos del estado, fueron por mucho tiempo, las cajas chicas para la realización de campañas políticas, pero eso se acabó.

La reforma

En la reforma se crea la Secretaría para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua, que según el dictamen contará “con amplias facultades para la supervisión, ejecución, control y sanción del agua tanto de jurisdicción estatal como aquella que ha sido concesionada al Estado por la Federación, para su uso agrícola, ganadero, doméstico, comercial e industrial así como la recuperación de aguas tratadas, residuales, desaladas, para dar mayor eficiencia en uso en todas las modalidades.

En ese sentido, se pretende que esta Secretaría, dirija la administración y operación de los organismos operadores del agua, encargados de prestar los servicios de conducción, saneamiento, comercialización, tratamiento y desalinización, bajo las figuras de organización que la propia Secretaria considere más conveniente y autorizada por las instancias legales y políticas correspondientes.

Lo anterior, con el propósito de que se dé un uso racional a la misma, priorizando siempre el uso doméstico por encima de intereses económicos de las empresas locales y transnacionales.

Entre las funciones de la nueva Secretaría que se encuentran establecidas en la Ley Orgánica de Administración Pública Estatal en su Artículo 38:

XIII.- Participar con la Federación y con los municipios del Estado, para la planeación, realización y administración de las acciones de gestión de los recursos hídricos de competencia federal.

XIX.- Gestionar ante la Federación, la celebración de las concesiones y asignaciones para la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales en cantidad y calidad, que estén bajo la administración y custodia del Estado y de la prestación de los servicios públicos de agua.

XX.- Gestionar la celebración de convenios con la Federación y los municipios, con la finalidad de mejorar y difundir permanentemente el conocimiento sobre la ocurrencia del agua en el ciclo hidrológico, la oferta y demanda de agua, los inventarios de agua, suelo, usos y usuarios y de información pertinente vinculada con el agua y su gestión, así como la promoción de una gestión integrada de los recursos hídricos, con el apoyo que consideren necesarios como de usuarios del agua, de organizaciones de la sociedad y de particulares.

XXI.- Promover la participación de la sociedad en la planeación, toma de decisiones, ejecución, evaluación y vigilancia de la política hídrica estatal.

Ante fuertes cuestionamientos sobre la creación de un nuevo aparato burocrático, ante el derecho humano al acceso al agua, el Congreso del estado aprobó con 19 votos a favor y 5 en contra, la creación de la Secretaría del Agua.

En la sesión no presencial realizada el lunes, el presidente de la Comisión de Energía y Recursos Hidráulicos de la XXIII Legislatura, el diputado por MC, Elí Topete Robre presentó el dictamen 01, de la iniciativa presentada por el gobernador Jaime Bonilla Valdez.

Se trata de la iniciativa que reforma la Ley Orgánica para la Administración Pública, la Ley del Fomento a la Cultura del Cuidado del Agua, la Ley de las Comisiones Estatales de Servicios Públicos y la Ley que Reglamenta el Servicio de Agua Potable, todas del estado de Baja California.

La reforma fue aprobada por 19 votos a favor y 5 en contra por parte de las diputadas del PAN, Eva María Vásquez y Loreto Quintero; Aníbal Otáñez del PBC; David Ruvalcaba del PRI y Gerardo López del PRD.

Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

En contra

David Ruvalcaba Flores, diputado local por el PRI, manifestó que se ha creado una supersecretaría que tendrá el control absoluto del manejo del agua, cuando en contraparte el 31 de octubre del 2019, el Congreso aprobó la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal, donde se hizo una compactación de secretarías, que de 16 pasaron a 12.

Esto denota improvisación y que no existe una clara visión en la conducción del estado, ni para establecer la esperada transformación del estado, además, no puede aprobar una secretaría que rebasa las atribuciones federales, ya que pretende regular el agua de uso agrícola, que es de competencia federal.

La diputada por el PAN, Eva María Vásquez, señaló que no se requiere la creación de más estructura burocrática, cuando ya está la Comisión Estatal del Agua (CEA), además, no saben cuánto costará la operación de esta nueva secretaría.

Gerardo López del PRD, observó que no se recabó el sentir de los bajacalifornianos, ya que si bien, se realizaron mesas de trabajo, estas se hicieron en medio de una pandemia.

A Favor

La diputada por Morena, Miriam Cano señaló que los Derechos Humanos no pueden estar en cuarentena, en el Sur del estado hay muchas poblaciones que carecen de agua, y que tienen que utilizar 8 tambos a la semana, y lo pagan a un precio mucho más elevado que en las ciudades.

Elí Topete aclaró que la iniciativa sí fue socializada, además, es facultad del gobernador la creación de nuevas secretarías.

Mientras que Juan Manuel Molina García, señaló que las comisiones estatales de servicios públicos del estado, fueron por mucho tiempo, las cajas chicas para la realización de campañas políticas, pero eso se acabó.

La reforma

En la reforma se crea la Secretaría para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua, que según el dictamen contará “con amplias facultades para la supervisión, ejecución, control y sanción del agua tanto de jurisdicción estatal como aquella que ha sido concesionada al Estado por la Federación, para su uso agrícola, ganadero, doméstico, comercial e industrial así como la recuperación de aguas tratadas, residuales, desaladas, para dar mayor eficiencia en uso en todas las modalidades.

En ese sentido, se pretende que esta Secretaría, dirija la administración y operación de los organismos operadores del agua, encargados de prestar los servicios de conducción, saneamiento, comercialización, tratamiento y desalinización, bajo las figuras de organización que la propia Secretaria considere más conveniente y autorizada por las instancias legales y políticas correspondientes.

Lo anterior, con el propósito de que se dé un uso racional a la misma, priorizando siempre el uso doméstico por encima de intereses económicos de las empresas locales y transnacionales.

Entre las funciones de la nueva Secretaría que se encuentran establecidas en la Ley Orgánica de Administración Pública Estatal en su Artículo 38:

XIII.- Participar con la Federación y con los municipios del Estado, para la planeación, realización y administración de las acciones de gestión de los recursos hídricos de competencia federal.

XIX.- Gestionar ante la Federación, la celebración de las concesiones y asignaciones para la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales en cantidad y calidad, que estén bajo la administración y custodia del Estado y de la prestación de los servicios públicos de agua.

XX.- Gestionar la celebración de convenios con la Federación y los municipios, con la finalidad de mejorar y difundir permanentemente el conocimiento sobre la ocurrencia del agua en el ciclo hidrológico, la oferta y demanda de agua, los inventarios de agua, suelo, usos y usuarios y de información pertinente vinculada con el agua y su gestión, así como la promoción de una gestión integrada de los recursos hídricos, con el apoyo que consideren necesarios como de usuarios del agua, de organizaciones de la sociedad y de particulares.

XXI.- Promover la participación de la sociedad en la planeación, toma de decisiones, ejecución, evaluación y vigilancia de la política hídrica estatal.

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