El congreso local alista la desaparición del Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), y de los magistrados supernumerarios, y de paso, le otorgan al gobernador la facultad de emitir una terna para la elección de magistrados del TSJE.
Además, disminuye el número de integrantes del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA).
La Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales que preside el morenista Juan Manuel Molina García, aprobó el dictamen 49 referente a una serie de reformas a la Constitución del estado, a iniciativa del gobernador, Jaime Bonilla Valdez y del él mismo.
Por tratarse de una reforma constitucional, el dictamen aún deberá ser aprobado por mayoría calificada, es decir por al menos 17 diputados de los 25 que conforman la XXIII Legislatura del estado, además de al menos 3 de los 5 Ayuntamientos del estado, lo que podría darse en la sesión del 15 de julio.
La creación del Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California, se dio mediante la reforma a la Constitución Estatal, publicada el 25 de septiembre de 1995, y en la que consideran que no se ha logrado eficientica la administración del recurso del Poder Judicial.
Lo anterior, al duplicar las estructuras administrativas del personal del Consejo de la Judicatura y del Pleno del TSJE, generando déficit financiero del Poder Judicial, lo que ha generado que retraso en la concreción de la implementación del nuevo modelo de justicia.
Además de problemas financieros en el Servicio Médico Forense, carencias de recursos materiales que ha colocado al Poder Judicial al borde de paros laborales, se señala en la exposición de motivos de la iniciativa.
Puesto que los Consejos de la Judicatura nacen como un órgano de apoyo Administrativo para el Poder Judicial que contribuyera a eficientización administrativa del mismo, por lo que puede ser substituida por una restructuración interna menos onerosa y más eficaz que realice las acciones de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial
Es por ello que se propone que la reforma al Artículo 57 de la Constitución del Estado, que este órgano de apoyo administrativo sea denominado “Junta de Administración Vigilancia, y Disciplina”, que se integrará por los propios magistrados para efectos de los aspectos administrativos que ocupen al Poder Judicial.
A su vez, también se propone eliminar la figura de los magistrados supernumerarios, argumentando que “la justicia esencialmente no debe quedar en manos de suplentes, sino de titulares”.
Aunado a que con dicha figura de supernumerario, solo se ha prestado a que dentro de los concursos para la selección de magistrados, se retrasen y paralicen los nombramientos de magistrados titulares
En la fracción XXIII del Artículo 27 se establece que “Los nombramientos de los Magistrados del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, serán aprobados por el Pleno del Congreso del Estado, por la mayoría de sus integrantes, y determinará su adscripción a Pleno o a Salas y resolver respecto a su ratificación o no ratificación, ausencias definitivas, renuncias y remociones, a propuesta del Titular del Poder Ejecutivo, en la forma y términos que esta Constitución y la Ley la determinen”.
En el dictamen, también se toca la conformación del número de integrantes del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, que pasa de 11 a solo 5.
Dinero
En el dictamen también se señala que desde la creación del Consejo de la Judicatura en Baja California en año de 1995 hasta la fecha (2020) este órgano administrativo le ha costado al pueblo de Baja California decenas de millones de pesos.
Para ejemplificar la afirmación, tomaron como base el presupuesto devengado, es decir el ejercido en los últimos 15 años, que pasa de 406 millones, 270 mil 023 pesos en 2006, a 1 mil millones de pesos en 2020.
Lo anterior arroja un total 11 mil 919 millones, 422 mil 223 pesos, y aclararon que de ellos, el Consejo de la Judicatura ha ejercido para sí una cantidad muy importante de recursos económicos.
