Como un acto de autoritarismo y de falta de democracia ciudadana, catalogaron funcionarios municipales del Partido Acción Nacional (PAN) la propuesta de iniciativa del Ejecutivo Estatal de sacar a los organismos empresariales, voces de la ciudadanía, de las juntas de Gobierno de los organismos operadores del agua.
En rueda de prensa, en la que se contó con la presencia del Antonio López Merino, Presidente del Comité Directivo Municipal; la diputada Eva María Vázquez, el regidor Héctor Ibarra Calvo, señaló esta noticia dada a través del secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, en la que se busca quitar la representación social en estos organismos, dejando solo la participación del gobierno en turno para la y toma de decisiones.
La tarde del lunes, a través de un video, el secretario del Gobierno del Estado informó que el gobernador Jaime Bonilla Valdez, presentaría ante la XXIII Legislatura una iniciativa para que las juntas de gobierno de los organismos operadores del agua solamente estén representadas por los funcionarios de gobierno, sacando de ellas cámaras empresariales como Canacitra y Canaco.
“El anuncio que hace el secretario general va en contra de la ciudadanía, en contra de la sociedad civil, es un tema de lo más grave, algo por lo que el PAN ha luchado siempre que es la participación de la sociedad civil dentro del gobierno”.
Señaló que se han presentado una serie de irregularidades dentro de estos organismos, que han sido utilizados con un contrato de prestación de servicios con un despacho de auditoría para cobrar derechos de conexión de agua potable y drenaje, manipulando la información para afectar hasta los más pequeños empresarios.
De acuerdo al regidor panista, entres 70 a 80 mil pesos se está cobrando tanto a grandes comercios e industrias, hasta micro pequeñas y medianas empresas, lo que vienen a afectarles después de pasar por la crisis económica generada por esta contingencia de salud.
“Este gobierno no quiere voces discordantes y eso es gravísimo, para la democracia y la participación ciudadana para lo que tiene que ver con buenas prácticas de gobierno”.
“Estos organismos han levantado la voz y han dicho que estos procedimientos son ilegales, inconstitucionales, porque se están basando en una norma técnica que habla de proyectos de infraestructura y están cobrando derechos de hace más de 15 años, aprovechando y presionando al pequeño empresario en medio de la pandemia”.
