/ lunes 2 de agosto de 2021

Buscan morenistas tumbar Ley del Agua

Consideran inviable que los municipios tomen el control de los organismos operadores del agua, ya que ninguna cuenta con finanzas sanas

Diputados de Morena, salientes e incluso algunos que repitieron, presentaron una acción de inconstitucionalidad para que la SCJN, invalide la municipalización de las comisiones estatales del agua, esto por violación al proceso legislativo, e inviabilidad financiera.

Lo anterior lo manifestó la ex diputada de la XXIII Legislatura, Rosina del Villar Casas, al referir la iniciativa presentada al congreso local por el gobernador, Jaime Bonilla Valdez, el 23 de julio, y que para el 28 de ese mismo mes, ya había sido aprobada.

“El propósito de esto es nada más de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalide el contenido del decreto, por violaciones al proceso legislativo, y en su caso, se dejen sin efecto los actos derivados de la reforma".

“Esperamos que se tenga la oportunidad de darle mayor análisis al tema, entonces que sí se plantee cuando las condiciones de los organismos del agua y de los ayuntamientos, estén preparados para hacer esta transición".

Los diputados que han apoyado en esta acción de inconstitucionalidad, fueron los actuales diputados y que repitieron: Aracely Geraldo Núñez, Juan Manuel Molina García, Víctor Hugo Navarro Gutiérrez, Julia Andrea González Quiroz, todos ellos de Morena.

Además, de Juan Meléndrez Espinoza, Evangelina Moreno Guerra, Miriam Elizabeth Cano Núñez, diputados salientes de Morena, así como ella misma, Rosina del Villar Casas, además de Javier Robles Aguirre del PRI y Efrén Moreno del PVEM.

La violación fue al proceso legislativo, ya que en este caso, la comisión de Recursos Hidráulicos y Energía, que presidía el ex diputado de Morena, Elí Topete Robles, aprobó el dictamen con 4 votos, cuando los integrantes de dicha comisión son 8, es decir, ni siquiera había quórum legal.

Por lo menos debieron de haber votado 5 integrantes de la comisión a favor de la propuesta, ya que se establece que para aprobar un dictamen, debe ser el 50 % más uno, pero de la totalidad de los integrantes de la comisión, y no de los diputados presentes.

Otra de las violaciones fue el mandato constitucional de convocar al menos con 5 días de anticipación a los Ayuntamientos, para participar en los trabajos de comisión, ya que se trata de un asunto que trata del patrimonio de los municipios, y esto se menciona en el Artículo 30 de la Constitución local.

“Con estas omisiones no era posible aprobar un tema tan delicado y tan trascendente para el estado, no sé ni cómo lo aprobaron de fast track”.

Ella misma tuvo conocimiento de la iniciativa tan solo un día antes de que fue aprobado por el pleno, por 13 votos a favor, 11 en contra y una abstención, cuando se las tenían que haber circulado a los diputados que no son de la comisión, al menos 3 días antes.

Recordó que el día de la sesión, no dejaron participar al diputado Fausto Gallardo García, quien había solicitado reincorporarse, luego de la campaña a diputado federal que ganó, esto, porque no le quisieron recibir el documento en oficialía de partes del congreso.

INVIABLE

“Tanto los municipios, como los organismos del agua, están en una situación crítica financiera, por ejemplo, el organismo de Ensenada tiene un adeudo de alrededor de 200 millones de pesos, esto sumado al adeudo del municipio de Ensenada, entonces ¿cómo absorber esos pasivos, y aparte responsabilizarse del personal del organismo del agua?”

Rosina del Villar señaló que por lo anteriormente expuesto, decidió no apoyar esta iniciativa, ya que resulta inviable, aunque es algo que debe de darse porque está en la Constitución.

“Pero decidimos no apoyarla porque pone en riesgo inminente las finanzas de los ayuntamientos, y por ende, se entregará un deficiente servicio de agua potable para la comunidad”.

“Considero yo, en lo particular, que no están preparados ni los ayuntamientos, ni los organismos de agua potable, con finanzas sanas para poder hacer la transición”.

En Playas de Rosarito hay una delegación de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, que recauda al mes alrededor de 5 millones de pesos, por lo que si se crea el organismo municipal, no alcanzará para pagar a los trabajadores, la prestación del servicio, así como la infraestructura que se requiere, es muy poco dinero.

Diputados de Morena, salientes e incluso algunos que repitieron, presentaron una acción de inconstitucionalidad para que la SCJN, invalide la municipalización de las comisiones estatales del agua, esto por violación al proceso legislativo, e inviabilidad financiera.

Lo anterior lo manifestó la ex diputada de la XXIII Legislatura, Rosina del Villar Casas, al referir la iniciativa presentada al congreso local por el gobernador, Jaime Bonilla Valdez, el 23 de julio, y que para el 28 de ese mismo mes, ya había sido aprobada.

“El propósito de esto es nada más de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalide el contenido del decreto, por violaciones al proceso legislativo, y en su caso, se dejen sin efecto los actos derivados de la reforma".

“Esperamos que se tenga la oportunidad de darle mayor análisis al tema, entonces que sí se plantee cuando las condiciones de los organismos del agua y de los ayuntamientos, estén preparados para hacer esta transición".

Los diputados que han apoyado en esta acción de inconstitucionalidad, fueron los actuales diputados y que repitieron: Aracely Geraldo Núñez, Juan Manuel Molina García, Víctor Hugo Navarro Gutiérrez, Julia Andrea González Quiroz, todos ellos de Morena.

Además, de Juan Meléndrez Espinoza, Evangelina Moreno Guerra, Miriam Elizabeth Cano Núñez, diputados salientes de Morena, así como ella misma, Rosina del Villar Casas, además de Javier Robles Aguirre del PRI y Efrén Moreno del PVEM.

La violación fue al proceso legislativo, ya que en este caso, la comisión de Recursos Hidráulicos y Energía, que presidía el ex diputado de Morena, Elí Topete Robles, aprobó el dictamen con 4 votos, cuando los integrantes de dicha comisión son 8, es decir, ni siquiera había quórum legal.

Por lo menos debieron de haber votado 5 integrantes de la comisión a favor de la propuesta, ya que se establece que para aprobar un dictamen, debe ser el 50 % más uno, pero de la totalidad de los integrantes de la comisión, y no de los diputados presentes.

Otra de las violaciones fue el mandato constitucional de convocar al menos con 5 días de anticipación a los Ayuntamientos, para participar en los trabajos de comisión, ya que se trata de un asunto que trata del patrimonio de los municipios, y esto se menciona en el Artículo 30 de la Constitución local.

“Con estas omisiones no era posible aprobar un tema tan delicado y tan trascendente para el estado, no sé ni cómo lo aprobaron de fast track”.

Ella misma tuvo conocimiento de la iniciativa tan solo un día antes de que fue aprobado por el pleno, por 13 votos a favor, 11 en contra y una abstención, cuando se las tenían que haber circulado a los diputados que no son de la comisión, al menos 3 días antes.

Recordó que el día de la sesión, no dejaron participar al diputado Fausto Gallardo García, quien había solicitado reincorporarse, luego de la campaña a diputado federal que ganó, esto, porque no le quisieron recibir el documento en oficialía de partes del congreso.

INVIABLE

“Tanto los municipios, como los organismos del agua, están en una situación crítica financiera, por ejemplo, el organismo de Ensenada tiene un adeudo de alrededor de 200 millones de pesos, esto sumado al adeudo del municipio de Ensenada, entonces ¿cómo absorber esos pasivos, y aparte responsabilizarse del personal del organismo del agua?”

Rosina del Villar señaló que por lo anteriormente expuesto, decidió no apoyar esta iniciativa, ya que resulta inviable, aunque es algo que debe de darse porque está en la Constitución.

“Pero decidimos no apoyarla porque pone en riesgo inminente las finanzas de los ayuntamientos, y por ende, se entregará un deficiente servicio de agua potable para la comunidad”.

“Considero yo, en lo particular, que no están preparados ni los ayuntamientos, ni los organismos de agua potable, con finanzas sanas para poder hacer la transición”.

En Playas de Rosarito hay una delegación de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, que recauda al mes alrededor de 5 millones de pesos, por lo que si se crea el organismo municipal, no alcanzará para pagar a los trabajadores, la prestación del servicio, así como la infraestructura que se requiere, es muy poco dinero.

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