/ miércoles 10 de abril de 2019

Candidato a Gobernador promete indultar a presas por abortar, aunque la ley se lo prohíbe

No podría cumplirlo sin antes abrogar una ley, afirmó.

Ignacio Anaya Barriguete, candidato a gobernador por el Partido de Baja California, dijo que dará libertad a las mujeres que están presas por abortar si resulta elegido. Aunque no podría cumplirlo sin antes abrogar una ley.

“Uno de los primeros actos que voy a hacer como Gobernador, va a ser indultar a las 20 ó 22 mujeres que están presas porque se practicaron un aborto… están presas unas jovencitas por homicidio”, declaró en entrevista en Mexicali, el pasado 6 de abril.

La Ley del Indulto para Reos del Fuero Común del Estado Libre y Soberano de Baja California, que data de 1960, permite que el Gobernador conceda el perdón a los presos del Fuero Común, es decir, a aquellas personas que están encarceladas a partir de normas locales.

“Pareciera que el artículo 1 no lo impide”, dijo el abogado Leobardo Tenorio a Gato x Liebre, al calificar la promesa de Anaya.



Sin embargo, la misma ley en su artículo 7 le prohíbe otorgar el indulto en casos de aborto, de modo que la ruta para cumplir con esta propuesta sería presentar al Congreso del Estado una iniciativa para abrogar la ley actual y promulgar una nueva, de acuerdo al abogado, lo que no sería inmediato.

La consejera del Instituto Nacional de las Mujeres, Maricarmen Rioseco Gallegos, opinó que las leyes vigentes son políticas conservadoras que criminalizan a la mujer.

Para Gabriela Navarro Peraza, defensora de los derechos humanos, “es un asunto jurídico penal”. Comentó a Gato x Liebre, que mientras no se armonicen las leyes locales con los derechos sexuales y reproductivos, esto seguirá pasando.

Ambas activistas coincidieron en que las presas por abortar en Baja California son consideradas un grupo vulnerables, pues carecen de recursos.

Las mujeres con pasaporte y recursos económicos, que buscan interrumpir su embarazo, cruzan la frontera para tratarse sin represalias en clínicas de California, en condiciones de higiene y seguridad, según Rioseco y Navarro.



Una investigación a nivel nacional, hecha por el Grupo de Información y Reproducción Elegida (GIRE) entre el 2007 y 2016, menciona a Baja California como el segundo lugar en denuncias por aborto con 466 casos, solo antecedido por el Estado de México con 894 y seguido por Veracruz con 416 casos.

Durante ese período, 4 mil 246 personas fueron denunciadas por aborto en el país.

En octubre de 2018, a nivel federal, en la Cámara de Diputados se presentaron tres iniciativas para despenalizar el aborto, una por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y dos por los legisladores Lorena Villavicencio y Porfirio Muñoz Ledo de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Ignacio Anaya Barriguete, candidato a gobernador por el Partido de Baja California, dijo que dará libertad a las mujeres que están presas por abortar si resulta elegido. Aunque no podría cumplirlo sin antes abrogar una ley.

“Uno de los primeros actos que voy a hacer como Gobernador, va a ser indultar a las 20 ó 22 mujeres que están presas porque se practicaron un aborto… están presas unas jovencitas por homicidio”, declaró en entrevista en Mexicali, el pasado 6 de abril.

La Ley del Indulto para Reos del Fuero Común del Estado Libre y Soberano de Baja California, que data de 1960, permite que el Gobernador conceda el perdón a los presos del Fuero Común, es decir, a aquellas personas que están encarceladas a partir de normas locales.

“Pareciera que el artículo 1 no lo impide”, dijo el abogado Leobardo Tenorio a Gato x Liebre, al calificar la promesa de Anaya.



Sin embargo, la misma ley en su artículo 7 le prohíbe otorgar el indulto en casos de aborto, de modo que la ruta para cumplir con esta propuesta sería presentar al Congreso del Estado una iniciativa para abrogar la ley actual y promulgar una nueva, de acuerdo al abogado, lo que no sería inmediato.

La consejera del Instituto Nacional de las Mujeres, Maricarmen Rioseco Gallegos, opinó que las leyes vigentes son políticas conservadoras que criminalizan a la mujer.

Para Gabriela Navarro Peraza, defensora de los derechos humanos, “es un asunto jurídico penal”. Comentó a Gato x Liebre, que mientras no se armonicen las leyes locales con los derechos sexuales y reproductivos, esto seguirá pasando.

Ambas activistas coincidieron en que las presas por abortar en Baja California son consideradas un grupo vulnerables, pues carecen de recursos.

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