El elevado número de asuntos judicializados que se van a un proceso de juicio oral mantiene saturadas las salas del Poder Judicial del Estado, por lo que se acordó con la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) ir sobre los casos de mayor urgencia y modificar la medida cautelar de prisión preventiva a quienes han pasado el tiempo límite tras las rejas.
El Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) establece la imposición de catorce medidas cautelares, entre ellas la prisión preventiva por no más de un año, para garantizar que la persona que está señalada por un delito no evada la justicia.
Salvador Juan Ortiz Morales, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, reconoció la elevada carga de trabajo ha obligado además a que los jueces celebren juicios orales por las tardes y en las mañanas desahogan los procesos ordinarios.
Al privilegiar los casos considerados de urgencia se daría apertura inmediata al juicio oral.
El magistrado presidente afirmó que es necesaria la contratación de al menos diez jueces más para Tijuana, tres para Mexicali y dos para Ensenada, mismos que se sumarían a los 17 que laboran actualmente.
“Teniendo un mayor número de jueces, directamente los dedicaré a juicio oral”.
La integración de nuevos enjuiciadores se concretará solo si el Congreso del Estado aprueba al Poder Judicial una ampliación presupuestal para 2019.
Ortiz Morales precisó que la contratación de cada juez significa alrededor de 1 millón de pesos.
Aunque no precisó una cifra, el presidente del Poder Judicial del Estado reconoció que hay un buen número de procesos pendientes por ser agendados.
Ayer, el magistrado presidente y el titular del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública celebraron la firma de un contrato para implementar la dinámica de Gobierno abierto en el Poder Judicial, lo que conlleva hacer más entendible el lenguaje que utilizan a fin de garantizar el acceso y entendimiento de los ciudadanos.
