/ sábado 9 de mayo de 2020

Catean vivienda de Vega de Lamadrid en Tijuana

Trabajadores del exgobernador abrieron la puerta a las autoridades y fungieron como testigos

La vivienda del exgobernador Francisco “Kiko” Vega de Lamadrid, cabeza de la última administración panista en Baja California, fue cateada ayer por agentes de la Fiscalía General Estatal (FGE).

Elementos y unidades de esa autoridad se apostaron varios metros antes de la vivienda para desviar el tránsito regular desde aproximadamente las 13:00 horas y su labor se extendió durante varias horas.

La vivienda marcada con el 3777 está ubicada en la calle Cumbres de Maltrata de la colonia Cumbres de Juárez, a unas cuadras de las instalaciones de la compañía de telecomunicaciones del gobernador Jaime Bonilla Valdez, emanado del partido Morena.

Según datos extraoficiales, en la casa al parecer no estaba el exmandatario ni integrantes de su familia, pero sí trabajadores que fueron quienes abrieron la puerta a las autoridades y fungieron como testigos.

De no haber habido alguien, aseguraron fuentes de la FGE, la Guardia Estatal habría podido romper candados para ingresar y llevar a cabo la diligencia.

Vega de Lamadrid, quien está fuera de la escena pública desde que dejó el cargo el último día de octubre del año pasado, tiene al menos una denuncia en su contra, mientras su esposa Brenda Ruacho, expresidenta del DIF estatal, enfrenta otra.

La primera denuncia en contra de Vega de Lamadrid fue interpuesta en las primeras semanas de la nueva administración morenista por un supuesto desvío de aproximadamente mil 200 millones de pesos.

PRESUNTOS DELITOS

Las acusaciones incluyeron presuntos delitos como cohecho, peculado, abuso de autoridad, enriquecimiento ilícito, abuso de confianza y otros, en los que también fueron involucrados algunos de los excolaboradores del gobernador.

Según anunció en aquella ocasión el nuevo gobierno de Baja California, el supuesto desvío del dinero público habría sido mediante facturas falsas y el uso de empresas fantasma.

Tras esa primera denuncia, el exgobernador respondió con un mensaje escrito y afirmó que estaba en “total disposición” para responder ante la autoridad investigadora.

“Los actos del gobierno que tuve el honor de encabezar, fueron transparentes y apegados a la legalidad”, afirmó en aquella ocasión.

Después, en marzo de este año, fue denunciada también por la Secretaría General de Gobierno su esposa Brenda Ruacho por probables malos manejos en la contabilidad del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT).

En la lista de presuntos delitos están los de fraude, peculado, falsificación de documentos y otros más.

Este mes se presentó una segunda denuncia en contra del exgobernador panista por presuntas operaciones simuladas por mil 586 millones de pesos.

Esta denuncia fue presentada por José Sergio Soto, auditor superior del estado, el órgano de fiscalización dependiente del Congreso local con mayoría del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que lo eligió para el cargo tras la renuncia de su antecesor Carlos Montejo Oceguera.

Hasta el cierre de la edición, la FGE no precisó por cuál de esas denuncias se presentó la unidad de Delitos patrimoniales a la casa del exgobernador.

La vivienda del exgobernador Francisco “Kiko” Vega de Lamadrid, cabeza de la última administración panista en Baja California, fue cateada ayer por agentes de la Fiscalía General Estatal (FGE).

Elementos y unidades de esa autoridad se apostaron varios metros antes de la vivienda para desviar el tránsito regular desde aproximadamente las 13:00 horas y su labor se extendió durante varias horas.

La vivienda marcada con el 3777 está ubicada en la calle Cumbres de Maltrata de la colonia Cumbres de Juárez, a unas cuadras de las instalaciones de la compañía de telecomunicaciones del gobernador Jaime Bonilla Valdez, emanado del partido Morena.

Según datos extraoficiales, en la casa al parecer no estaba el exmandatario ni integrantes de su familia, pero sí trabajadores que fueron quienes abrieron la puerta a las autoridades y fungieron como testigos.

De no haber habido alguien, aseguraron fuentes de la FGE, la Guardia Estatal habría podido romper candados para ingresar y llevar a cabo la diligencia.

Vega de Lamadrid, quien está fuera de la escena pública desde que dejó el cargo el último día de octubre del año pasado, tiene al menos una denuncia en su contra, mientras su esposa Brenda Ruacho, expresidenta del DIF estatal, enfrenta otra.

La primera denuncia en contra de Vega de Lamadrid fue interpuesta en las primeras semanas de la nueva administración morenista por un supuesto desvío de aproximadamente mil 200 millones de pesos.

PRESUNTOS DELITOS

Las acusaciones incluyeron presuntos delitos como cohecho, peculado, abuso de autoridad, enriquecimiento ilícito, abuso de confianza y otros, en los que también fueron involucrados algunos de los excolaboradores del gobernador.

Según anunció en aquella ocasión el nuevo gobierno de Baja California, el supuesto desvío del dinero público habría sido mediante facturas falsas y el uso de empresas fantasma.

Tras esa primera denuncia, el exgobernador respondió con un mensaje escrito y afirmó que estaba en “total disposición” para responder ante la autoridad investigadora.

“Los actos del gobierno que tuve el honor de encabezar, fueron transparentes y apegados a la legalidad”, afirmó en aquella ocasión.

Después, en marzo de este año, fue denunciada también por la Secretaría General de Gobierno su esposa Brenda Ruacho por probables malos manejos en la contabilidad del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT).

En la lista de presuntos delitos están los de fraude, peculado, falsificación de documentos y otros más.

Este mes se presentó una segunda denuncia en contra del exgobernador panista por presuntas operaciones simuladas por mil 586 millones de pesos.

Esta denuncia fue presentada por José Sergio Soto, auditor superior del estado, el órgano de fiscalización dependiente del Congreso local con mayoría del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que lo eligió para el cargo tras la renuncia de su antecesor Carlos Montejo Oceguera.

Hasta el cierre de la edición, la FGE no precisó por cuál de esas denuncias se presentó la unidad de Delitos patrimoniales a la casa del exgobernador.

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