La regulación de los autos “chocolate” costará hasta 5 mil pesos al ciudadano y la Unión de Concesionarios de Autos Nuevos (UCAN) rechaza la propuesta por considerar que se legaliza producto que ingresó como contrabando.
Al costo de regularlos se suman los 540 pesos de la nueva empresa de verificación ambiental, proyectos a iniciar en septiembre, informó el secretario estatal de Economía Sustentable y Turismo, Mario Escobedo Carignan.
Explicó que proyectan un cobro de entre 4 a 5 mil pesos de acuerdo al modelo del auto y los requisitos serán emitidos por la Federación al ser un programa impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El secretario reconoció que pagar mil pesos al Padrón de Identidad Vehicular Estatal no tiene validez para circular en el Estado y eso no es un requisito obligatorio en el plan de regularización de los autos “chocolate”.
Pero precisó que se encuentran en negociación con la Federación para que esos mil pesos se descuente a los 5 mil de la regulación.
El programa se contempla inicie de manera formal en septiembre, un mes antes de culminar la administración de Jaime Bonilla Valdez y Escobedo Carignan afirmó que en Baja California circulan cerca de 600 mil automóviles “chocolate”.
Además, explicó que aunque aún no salen los requisitos de la Federación, buscarán determinar un precio para los autos en las aduanas para evitar el tema de la venta de facturas.
Finalmente recordó que el programa busca tener regulación de los autos “chocolate” porque se encuentran constantemente involucrados en actos criminales.
RECHAZAN REGULACIÓN
Los sectores productivos que se dedican a la venta legal de autos, tanto usados como nuevos, desaprueban la iniciativa de regularizar los autos "chocolate".
La gerente general de la Unión de Concesionarios de Autos Nuevos (UCAN), Anett López Cabrera, consideró que dicha estrategia debería considerar opciones legales para resolver los problemas de movilidad de la población.
Puntualizó que la postura de la UCAN va de acuerdo con la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), instancia que rechaza regularizar lo que es considerado un producto del contrabando.
“La pregunta para el gobierno sería si realmente creen ellos que un criminal que utiliza este tipo de vehículos va a ir a registrarlo para que sepan a quién pertenece la unidad”.
Agregó que se deben de buscar otras opciones y haber consultado al sector productivo que representa.
“Si bien hay que apoyar a los que más lo necesitan, también hay que tener las opciones contribuyendo a esa legalidad, sin salirnos de la línea de cumplimiento, siempre estar dentro de lo correcto”.
Por su parte, para la responsable de la Sección especializada de Autos Usados de la Cámara Nacional de Comercio en Mexicali, esa estrategia no se trata de una verdadera regularización y lo que daría certidumbre jurídica a los propietarios sería una importación.
María Ignacia Saavedra Reynoso dijo rechazar dicha estrategia, la cual se trata de un control de los vehículos chocolate, más no de una regularización, misma que generará que sigan ingresando autos de procedencia extranjera sin importar a través de las aduanas.
“Mientras las aduanas dejen seguir cruzando carros no se va a terminar, vamos a seguir siempre con el mismo problema”.
Consideró que esta medida sí afectará al comercio legalmente establecido. al igual que las personas que atiendan esta supuesta regulación, toda vez que eso no les garantiza que se evitará que el Sistema de Administración Tributaria les decomise su auto.
“El gobierno aquí lo que quiere es tener un control aparte para que entre el dinero y está bien, pero aquí la certeza jurídica se daría si hubiera importaciones económicas”.
PROYECTO EMPEZÓ MAL
Los programas de verificación ambiental concesionados durante el gobierno de José Guadalupe Osuna Millán no funcionaron porque los niveles de contaminación ambiental no se redujeron, dato que ha sido confirmado por la actual administración.
Sin embargo el gobernador Bonilla Valdez volvió a emitir la instalación de los verificadores ambientales, por adjudicación directa, sin consulta, ni oportunidad a que otras empresas puedan participar.
La licitación la otorgó directamente a Worldwide Enviromental por 15 años y el costo se elevará a 540 pesos por automóvil.
Eso fue rechazado por organismos del Consejo Coordinador Empresarial de todo el Estado que solicitaron que se transparente la licitación y explicación de porqué aplicarlo a 15 años.
En un comunicado expresaron que “esta adjudicación representa una afectación directa que por lo menos 15 años estaremos sujetos y vinculados a pagos forzosos al momento de la adquisición de nuestras placas vehiculares”.
Además, argumentaron que un gobierno no debe de otorgar licitaciones a empresas privadas por más de dos administraciones subsecuentes y solicitaron se rectifique el correcto proceso.
CIUDADANOS LO PAGARÁN
La licitación acordada por Bonilla Valdez generará un ingreso de 160 pesos por auto a las arcas estatales por el engomado, pero los restantes 380 pesos serán las ganancias de la empresa, confirmó Carmelo Zavala, subsecretario del ambiente en el Estado.
Esto implica que el ciudadano pagará 200 pesos más que con los verificadores anteriores y que no rindieron frutos para disminuir la contaminación ambiental; reportaban constantes filas de entre 4 hasta 8 horas en tiempo de espera y fallas recurrentes en las máquinas medidoras.
Aunque el subsecretario afirmó que en el pasado los verificadores ambientales tuvieron más prioridad en la recaudación que en la disminución de contaminantes, en los nuevos se enfocarán en reducir el 60% de los contaminantes ambientales que emiten los automóviles sin precisar más detalles del programa.
VAN POR MÁS INGRESOS
El Gobierno de Baja California solicitará a la federación que no únicamente sean contemplados los autos de los países de Canadá y Estados Unidos, que están inscritos en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), sino también vehículos de otras naciones, siempre y cuando sean modelo 2012 y años anteriores y que se incluyan también los modelos deportivos.