/ jueves 20 de junio de 2019

Crean alianza contra la extorsión telefónica en Baja California

Realizan exhorto al Gobierno Federal para la implementación de tecnología penitenciaria

Tijuana.- El día de ayer quedó establecida una mesa de acción, medición e intervención contra la extorsión telefónica en la cual participarán todas las corporaciones de seguridad pública, instancias de justicia, sector empresarial, asociaciones civiles, representantes de bancos, cadenas de autoservicio, líderes de opinión, entre otros.

El encargado de encabezar la citada mesa fue el Secretario de Seguridad Pública del Estado, José Fernando Sánchez González, quien explicó un dato relevante al informar que las llamadas de extorsión telefónica en la entidad provienen en su mayoría de tres cárceles federales; el penal de Altamira, en Tamaulipas, el de Santa Martha Acatitla, en Ciudad de México y el penal de Puente Grande en Jalisco.

En los primeros cinco meses del 2019, se han registrado en el Centro Estatal de Denuncia Anónima más de 4 mil reportes al 089 de ciudadanos que recibieron llamadas donde intentaban extorsionarlos, en la mayoría de los casos la modalidad más frecuente fue la del supuesto familiar secuestrado.

Ante esto el titular de la SSPE mencionó la necesidad establecer la alianza en la cual a través de las mesas de trabajo se establecen 5 puntos fundamentales para evitar que ciudadanos caigan en extorsiones y fraudes telefónicos los cuales contemplan la coordinación, prevención, operación, investigación y evaluación.

En los citados puntos se plasma la instalación de una mesa de difusión masiva para prevenir estos caso, la creación de un grupo especial que atienda los casos de extorsión a través de la Policía Cibernética de la SSPE, así como el fortalecimiento de las investigaciones para analizar cuentas utilizadas en bancos y tiendas de autoservicio donde se registran en mayor medida depósitos para estos delincuentes.

En su intervención el Subprocurador Zona Tijuana de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Jorge Álvarez Mendoza, afirmó que del total de registros de llamadas, en el 95 % de los casos no se presenta una denuncia formal ante la instancia investigadora.

El Presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, Juan Manuel Hernández Niebla, mencionó que solicitarán al sector empresarial se sumen a una campaña más agresiva en redes sociales, espectaculares, medios de comunicación y todos los canales posibles de difusión para que todos los ciudadanos de Baja California estén alerta y prevenidos ante esta situación.

Otro punto importante que se pactó en la mesa de acción fue el realizar un exhorto al Gobierno Federal para la implementación de tecnología penitenciaria como lo son los inhibidores de llamadas telefónicas en los penales ubicados fuera de nuestra entidad de donde provienen la mayoría de las extorsiones telefónicas.

Algunos de los acuerdos más relevantes de la reunión fueron:

  • Generar una base de datos compartida con la información del Centro Estatal de Denuncia Anónima y de la PGJE
  • Fortalecer investigación y judicializar los casos detectados
  • Intensificar campaña preventiva en medios y redes sociales
  • Capacitación especializada a personal de Oxxo y Bancos

Tijuana.- El día de ayer quedó establecida una mesa de acción, medición e intervención contra la extorsión telefónica en la cual participarán todas las corporaciones de seguridad pública, instancias de justicia, sector empresarial, asociaciones civiles, representantes de bancos, cadenas de autoservicio, líderes de opinión, entre otros.

El encargado de encabezar la citada mesa fue el Secretario de Seguridad Pública del Estado, José Fernando Sánchez González, quien explicó un dato relevante al informar que las llamadas de extorsión telefónica en la entidad provienen en su mayoría de tres cárceles federales; el penal de Altamira, en Tamaulipas, el de Santa Martha Acatitla, en Ciudad de México y el penal de Puente Grande en Jalisco.

En los primeros cinco meses del 2019, se han registrado en el Centro Estatal de Denuncia Anónima más de 4 mil reportes al 089 de ciudadanos que recibieron llamadas donde intentaban extorsionarlos, en la mayoría de los casos la modalidad más frecuente fue la del supuesto familiar secuestrado.

Ante esto el titular de la SSPE mencionó la necesidad establecer la alianza en la cual a través de las mesas de trabajo se establecen 5 puntos fundamentales para evitar que ciudadanos caigan en extorsiones y fraudes telefónicos los cuales contemplan la coordinación, prevención, operación, investigación y evaluación.

En los citados puntos se plasma la instalación de una mesa de difusión masiva para prevenir estos caso, la creación de un grupo especial que atienda los casos de extorsión a través de la Policía Cibernética de la SSPE, así como el fortalecimiento de las investigaciones para analizar cuentas utilizadas en bancos y tiendas de autoservicio donde se registran en mayor medida depósitos para estos delincuentes.

En su intervención el Subprocurador Zona Tijuana de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Jorge Álvarez Mendoza, afirmó que del total de registros de llamadas, en el 95 % de los casos no se presenta una denuncia formal ante la instancia investigadora.

El Presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, Juan Manuel Hernández Niebla, mencionó que solicitarán al sector empresarial se sumen a una campaña más agresiva en redes sociales, espectaculares, medios de comunicación y todos los canales posibles de difusión para que todos los ciudadanos de Baja California estén alerta y prevenidos ante esta situación.

Otro punto importante que se pactó en la mesa de acción fue el realizar un exhorto al Gobierno Federal para la implementación de tecnología penitenciaria como lo son los inhibidores de llamadas telefónicas en los penales ubicados fuera de nuestra entidad de donde provienen la mayoría de las extorsiones telefónicas.

Algunos de los acuerdos más relevantes de la reunión fueron:

  • Generar una base de datos compartida con la información del Centro Estatal de Denuncia Anónima y de la PGJE
  • Fortalecer investigación y judicializar los casos detectados
  • Intensificar campaña preventiva en medios y redes sociales
  • Capacitación especializada a personal de Oxxo y Bancos

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