/ sábado 25 de abril de 2020

Crean Comisión Estatal del Sistema Penitenciario

Los penales ya no formarán parte de la Secretaría General de Gobierno, y pasarán a administrarse de manera independiente.

El Congreso del estado aprobó la creación de la Comisión del Sistema Estatal Penitenciario de Baja California, con lo que los penales ya no formarán parte de la Secretaría General de Gobierno, y pasarán a administrarse de manera independiente.

El encargado de presentar la propuesta del gobernador Jaime Bonilla Valdez, como dictamen 39 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, fue su presidente, el diputado por Morena, Juan Manuel Molina García, la cual fue aprobada con 23 votos a favor por el congreso.

Lo anterior durante la sesión ordinaria virtual celebrada el viernes.

Pero fue el mismo Molina García, quien presentó una reserva a la misma iniciativa, para establecer que la información del sistema penitenciario, pase de la Secretaría General de Gobierno, a la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario.



Ante esto, el diputado local por el PRD, Gerardo López, señaló que no se puede seguir legislando con esta clase de descuidos, más aún en las condiciones en las que sesionan, de manera virtual, por lo que esto es una falta de ética, moral y congruencia.

En su Artículo 4 se establece que: La Comisión será la autoridad encargada de integrar, operar y administrar el Sistema Penitenciario, la cual tiene por objeto la ejecución material de la prisión preventiva, así como de las sanciones y medidas de seguridad previstas en las leyes penales.

Todo lo anterior sobre la base del respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, como medios para procurar la reinserción de las mujeres y hombres sentenciados, a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir.

El comisionado podrá ser nombrado y removido por el gobernador del estado, según se establece en su Artículo 16.

La junta de Gobierno es el órgano máximo dentro de la comisión, según se establece en su Artículo 9, y está conformado por los titulares de las siguientes dependencias: el secretario General de Gobierno, quien la presidirá.

También lo conformará el secretario de Educación; el secretario de Salud; el secretario del Trabajo y Previsión Social; un secretario Técnico, que será el Comisionado, quien participará sólo con voz en las sesiones de la Junta de Gobierno.



El inicialista propone crear la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario como un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio.

Además de autonomía técnica y de gestión, para integrar, operar y administrar el Sistema Penitenciario, la cual tiene por objeto la ejecución material de la prisión preventiva, así como de las sanciones y medidas de seguridad previstas en las leyes penales.

En el dictamen aprobado se establece en su exposición de motivos que actualmente la autoridad penitenciaria requiere un fortalecimiento a fondo que le dote de autosuficiencia para garantizar el flujo dinámico de los recursos disponibles (materiales, humano y financieros).

La Ley entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

El Congreso del estado aprobó la creación de la Comisión del Sistema Estatal Penitenciario de Baja California, con lo que los penales ya no formarán parte de la Secretaría General de Gobierno, y pasarán a administrarse de manera independiente.

El encargado de presentar la propuesta del gobernador Jaime Bonilla Valdez, como dictamen 39 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, fue su presidente, el diputado por Morena, Juan Manuel Molina García, la cual fue aprobada con 23 votos a favor por el congreso.

Lo anterior durante la sesión ordinaria virtual celebrada el viernes.

Pero fue el mismo Molina García, quien presentó una reserva a la misma iniciativa, para establecer que la información del sistema penitenciario, pase de la Secretaría General de Gobierno, a la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario.



Ante esto, el diputado local por el PRD, Gerardo López, señaló que no se puede seguir legislando con esta clase de descuidos, más aún en las condiciones en las que sesionan, de manera virtual, por lo que esto es una falta de ética, moral y congruencia.

En su Artículo 4 se establece que: La Comisión será la autoridad encargada de integrar, operar y administrar el Sistema Penitenciario, la cual tiene por objeto la ejecución material de la prisión preventiva, así como de las sanciones y medidas de seguridad previstas en las leyes penales.

Todo lo anterior sobre la base del respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, como medios para procurar la reinserción de las mujeres y hombres sentenciados, a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir.

El comisionado podrá ser nombrado y removido por el gobernador del estado, según se establece en su Artículo 16.

La junta de Gobierno es el órgano máximo dentro de la comisión, según se establece en su Artículo 9, y está conformado por los titulares de las siguientes dependencias: el secretario General de Gobierno, quien la presidirá.

También lo conformará el secretario de Educación; el secretario de Salud; el secretario del Trabajo y Previsión Social; un secretario Técnico, que será el Comisionado, quien participará sólo con voz en las sesiones de la Junta de Gobierno.



El inicialista propone crear la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario como un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio.

Además de autonomía técnica y de gestión, para integrar, operar y administrar el Sistema Penitenciario, la cual tiene por objeto la ejecución material de la prisión preventiva, así como de las sanciones y medidas de seguridad previstas en las leyes penales.

En el dictamen aprobado se establece en su exposición de motivos que actualmente la autoridad penitenciaria requiere un fortalecimiento a fondo que le dote de autosuficiencia para garantizar el flujo dinámico de los recursos disponibles (materiales, humano y financieros).

La Ley entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

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