Sesenta empresas de Baja California han recurrido a la justicia federal para protegerse a través de un amparo contra la instalación de reductores de agua por parte del Gobierno del Estado.
A inicios de este año la administración que encabeza Jaime Bonilla Valdez comenzó una estrategia de cobranza de la mano de la empresa particular Fisamex en busca de detectar cuentas pendientes en pago de agua o derechos de conexión.
Vicenta Espinoza Martínez, titular de Secretaría de la Honestidad y la Función Pública, indicó que hay empresas que han decidido ampararse para evitar la colocación de los reductores de agua.
Estos amparos son los que presentan las empresas en contra de los organismos o funcionarios que les cortan el agua, todo lo que ha resuelto el juez es que se les reinstale otra vez el agua
En Mexicali son 17 las empresas amparadas, 40 en Tijuana y tres en Ensenada.
Espinoza Martínez indicó que el Gobierno del Estado también ha interpuesto denuncias contra funcionarios que omitieron cobros por concepto de agua a algunos particulares.
La administración estatal asegura que con la estrategia de cobranza ha recuperado más de 1 mil 099 millones de pesos y están pendientes por cobrar otros 2 mil millones de pesos.
