/ miércoles 30 de junio de 2021

Deberá Estado implementar medidas de protección a las mujeres por alerta de género

El gobierno federal emitió la alerta de género para los 6 municipios del estado de Baja California


El gobierno federal, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, emitió la alerta de género para los 6 municipios del estado de Baja California, lo que implica en poner en marcha ciertas medidas para la erradicación de este mal en Baja California.

Lo anterior, con base en el análisis de la situación que viven las mujeres y niñas en el estado de Baja California señalado por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) a través de su solicitud, los antecedentes y consideraciones expuestas por violencia feminicida en el estado.

Como medida de prevención, se establece el Consolidar el funcionamiento del Sistema Estatal de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en contra de las Mujeres, la implementación del Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

Así como definir las bases de coordinación para integrar a las autoridades municipales a dicho sistema, así como difundir los alcances y avances realizados en la materia.

Fortalecer la implementación de las herramientas de evaluación de riesgo de violencia contra las mujeres, así como su vinculación con las instituciones encargadas de brindar protección y seguimiento, a fin de garantizar la seguridad, integridad, replanteamiento y/o cese del riesgo identificado.



Generar y dar seguimiento, desde la instancia gubernamental competente, a lineamientos para la elaboración e implementación de Protocolos para la prevención, detección, atención y sanción a los casos de discriminación, violencia escolar, acoso o maltrato escolar, acoso u hostigamiento sexual y violencia de género contra las mujeres al interior de las instituciones de cualquier nivel educativo.

Diseñar e implementar un programa integral de sensibilización, capacitación y profesionalización, dirigido a quienes como parte de su quehacer institucional desarrollan actividades de prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres así como a quienes son responsables de la procuración e impartición de justicia.

Identificar y atender de manera integral las causas que limitan el acceso de las mujeres y grupos de mujeres en mayor vulnerabilidad a sus derechos sexuales, reproductivos y de salud reproductiva.

Lo anterior, a fin de garantizar el acceso entre otros, a la anticoncepción, disminución de la mortalidad materna, violencia obstétrica y la violencia sexual, así como la prevención y erradicación del embarazo adolescente.

Consolidar el funcionamiento y operación del Banco Estatal de Datos de Violencia contra las Mujeres, con el fin de instrumentar políticas públicas desde la perspectiva de género y derechos humanos.

Como medidas de seguridad se encuentra el georreferenciar los delitos cometidos en contra de las mujeres, particularmente, de los feminicidios, homicidios dolosos, violencia sexual, desaparición y trata de mujeres y niñas y sus tentativas.

Diseñar e implementar un modelo único de atención integral para las mujeres víctimas de violencia, con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos de las mujeres, así como Diseñar e implementar un programa de atención a la violencia de mujeres con problemas relacionados con adicciones y salud mental.

Implementar campañas de prevención de violencia contra las mujeres en el ámbito laboral, señalando los mecanismos especializados para atención de quejas y denuncias.

Establecer una estrategia con enfoque de género para la reconstrucción del tejido social, fomento de la cultura de la paz, promoción de valores, actitudes y comportamientos de rechazo a la violencia, prevención de conflictos y fomento a la participación de promotoras y líderes comunitarias para la erradicación de la violencia.

Crear y fortalecer las agrupaciones a nivel estatal y municipal así como células de reacción inmediata especializadas para la actuación policial eficiente y profesional en la detección, identificación, intervención, atención, protección y prevención de los casos de violencia contra las mujeres.

Como medidas de justicia, se encuentra Generar una estrategia que permita garantizar a las hijas e hijos de mujeres víctimas de feminicidio y víctimas directas o indirectas, recibir servicios integrales de atención temprana y garantizar los servicios jurídicos, médicos y psicológicos especializados, así como de educación y alimentación.

Elaborar e implementar un protocolo de atención integral para menores víctimas directas o indirectas de violencia de género; dicho protocolo habrá de considerar el interés superior de la niñez para el otorgamiento de la patria potestad, tutela, guarda y custodia.

Crear un mecanismo especializado que atienda las quejas y denuncias de las mujeres que son víctimas de violencia institucional.

Implementar el Protocolo de Atención, Reacción y Coordinación entre Autoridades Federales, Estatales, y Municipales en caso de Desaparición o No Localización de Mujeres y Niñas (Protocolo Alba).

Proteger y garantizar la seguridad a las mujeres y niñas en situación de violencia a través del fortalecimiento estructural, humano y financiero de los centros especializados de atención de la violencia extrema y trata de personas, así como la creación de un Centro de Justicia para las Mujeres (CJM) en territorio predominantemente indígena. Así como la certificación en el Sistema de Integridad Institucional del CJM ubicado en Tijuana.

A fin de garantizar la reparación integral del daño a las víctimas directas e indirectas de los delitos cometidos contra las mujeres con base en los estándares internacionales, nacionales y locales, la Fiscalía General del Estado y el Tribunal Superior de Justicia del estado.

Deberán diseñar o incorporar en sus protocolos, lineamientos o manuales el desarrollo y valoración de la intervención pericial en materia de reparación integral del daño con perspectiva de género.

Lo anterior, con el fin de establecer objetivamente el impacto del daño que permita determinar las medidas de reparación en razón de una dimensión individual, comunitaria o colectiva, con un enfoque diferencial, especializado, transformador, concreto y efectivo.


El gobierno federal, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, emitió la alerta de género para los 6 municipios del estado de Baja California, lo que implica en poner en marcha ciertas medidas para la erradicación de este mal en Baja California.

Lo anterior, con base en el análisis de la situación que viven las mujeres y niñas en el estado de Baja California señalado por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) a través de su solicitud, los antecedentes y consideraciones expuestas por violencia feminicida en el estado.

Como medida de prevención, se establece el Consolidar el funcionamiento del Sistema Estatal de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en contra de las Mujeres, la implementación del Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

Así como definir las bases de coordinación para integrar a las autoridades municipales a dicho sistema, así como difundir los alcances y avances realizados en la materia.

Fortalecer la implementación de las herramientas de evaluación de riesgo de violencia contra las mujeres, así como su vinculación con las instituciones encargadas de brindar protección y seguimiento, a fin de garantizar la seguridad, integridad, replanteamiento y/o cese del riesgo identificado.



Generar y dar seguimiento, desde la instancia gubernamental competente, a lineamientos para la elaboración e implementación de Protocolos para la prevención, detección, atención y sanción a los casos de discriminación, violencia escolar, acoso o maltrato escolar, acoso u hostigamiento sexual y violencia de género contra las mujeres al interior de las instituciones de cualquier nivel educativo.

Diseñar e implementar un programa integral de sensibilización, capacitación y profesionalización, dirigido a quienes como parte de su quehacer institucional desarrollan actividades de prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres así como a quienes son responsables de la procuración e impartición de justicia.

Identificar y atender de manera integral las causas que limitan el acceso de las mujeres y grupos de mujeres en mayor vulnerabilidad a sus derechos sexuales, reproductivos y de salud reproductiva.

Lo anterior, a fin de garantizar el acceso entre otros, a la anticoncepción, disminución de la mortalidad materna, violencia obstétrica y la violencia sexual, así como la prevención y erradicación del embarazo adolescente.

Consolidar el funcionamiento y operación del Banco Estatal de Datos de Violencia contra las Mujeres, con el fin de instrumentar políticas públicas desde la perspectiva de género y derechos humanos.

Como medidas de seguridad se encuentra el georreferenciar los delitos cometidos en contra de las mujeres, particularmente, de los feminicidios, homicidios dolosos, violencia sexual, desaparición y trata de mujeres y niñas y sus tentativas.

Diseñar e implementar un modelo único de atención integral para las mujeres víctimas de violencia, con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos de las mujeres, así como Diseñar e implementar un programa de atención a la violencia de mujeres con problemas relacionados con adicciones y salud mental.

Implementar campañas de prevención de violencia contra las mujeres en el ámbito laboral, señalando los mecanismos especializados para atención de quejas y denuncias.

Establecer una estrategia con enfoque de género para la reconstrucción del tejido social, fomento de la cultura de la paz, promoción de valores, actitudes y comportamientos de rechazo a la violencia, prevención de conflictos y fomento a la participación de promotoras y líderes comunitarias para la erradicación de la violencia.

Crear y fortalecer las agrupaciones a nivel estatal y municipal así como células de reacción inmediata especializadas para la actuación policial eficiente y profesional en la detección, identificación, intervención, atención, protección y prevención de los casos de violencia contra las mujeres.

Como medidas de justicia, se encuentra Generar una estrategia que permita garantizar a las hijas e hijos de mujeres víctimas de feminicidio y víctimas directas o indirectas, recibir servicios integrales de atención temprana y garantizar los servicios jurídicos, médicos y psicológicos especializados, así como de educación y alimentación.

Elaborar e implementar un protocolo de atención integral para menores víctimas directas o indirectas de violencia de género; dicho protocolo habrá de considerar el interés superior de la niñez para el otorgamiento de la patria potestad, tutela, guarda y custodia.

Crear un mecanismo especializado que atienda las quejas y denuncias de las mujeres que son víctimas de violencia institucional.

Implementar el Protocolo de Atención, Reacción y Coordinación entre Autoridades Federales, Estatales, y Municipales en caso de Desaparición o No Localización de Mujeres y Niñas (Protocolo Alba).

Proteger y garantizar la seguridad a las mujeres y niñas en situación de violencia a través del fortalecimiento estructural, humano y financiero de los centros especializados de atención de la violencia extrema y trata de personas, así como la creación de un Centro de Justicia para las Mujeres (CJM) en territorio predominantemente indígena. Así como la certificación en el Sistema de Integridad Institucional del CJM ubicado en Tijuana.

A fin de garantizar la reparación integral del daño a las víctimas directas e indirectas de los delitos cometidos contra las mujeres con base en los estándares internacionales, nacionales y locales, la Fiscalía General del Estado y el Tribunal Superior de Justicia del estado.

Deberán diseñar o incorporar en sus protocolos, lineamientos o manuales el desarrollo y valoración de la intervención pericial en materia de reparación integral del daño con perspectiva de género.

Lo anterior, con el fin de establecer objetivamente el impacto del daño que permita determinar las medidas de reparación en razón de una dimensión individual, comunitaria o colectiva, con un enfoque diferencial, especializado, transformador, concreto y efectivo.

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