Sin hacer efectivas las garantías millonarias que le fueron otorgadas, la empresa regiomontana Next Energy aceptó cancelar el contrato de la planta fotovoltaica por el que mantenía un pleito legal con el Gobierno del Estado y del que se derivaron investigaciones no solo administrativas sino también penales contra ex servidores públicos.
En un documento dirigido a la gobernadora, Marina del Pilar Ávila Olmeda, la firma dirigida por el empresario Eugenio Maíz Domene informó que realizarán todas las acciones necesarias para dar por cancelado el proyecto, bajo un mutuo acuerdo y sin responsabilidades para ninguna de las partes.
Aceptó, además, dar por concluido el fideicomiso que le daba acceso al 19.5% de las participaciones federales del Estado y regresar los 123 millones de pesos que en marzo retuvo bajo este concepto.
“Nuestra intención de realizar el proyecto de inversión de la central fotovoltaica fue estructurada de buena voluntad y en apego a estándares del mercado, sin embargo la materialización del proyecto se canceló por decisiones ajenas a nuestra empresa”, estableció Next Energy.
El proyecto de la planta fotovoltaica fue considerado por la actual administración como un verdadero peligro para las finanzas estatales estimando un quebranto de 12 mil millones de pesos al erario.
Marco Moreno Mexia, titular de la Secretaría de Hacienda, detalló que las negociaciones se hicieron directamente con el titular de la empresa, quien aceptó la cancelación de todos los documentos relacionados al proyecto sin ninguna penalización para el Gobierno del Estado y liberando de cualquier riesgo las participaciones federales.
“Estamos trabajando de manera conjunta los equipos de abogados de la empresa y del Estado para completar a la brevedad el cierre de la negociación; ya informamos a las autoridades federales de Hacienda y Gobernación del acuerdo y buscaremos que se materialice”.
El funcionario dejó ver la posibilidad de que a futuro Next Energy participe en algún proyecto de inversión de infraestructura para atender el rezago energético que padece Baja California.
CONTINÚAN INVESTIGACIONES
Aunque la postura de Next Energy dio la estocada final a un proyecto que defendió el ex gobernador Jaime “N”, las investigaciones administrativas y penales contra él y ocho de sus ex colaboradores seguirán su curso.
Ávila Olmeda celebró la decisión y reiteró que era un proyecto destinado a no realizarse porque nunca contó con los permisos necesarios.
“Esto no significa que se dejen sin efecto los otros procesos administrativos y penales a los que se pudieran enfrentar los responsables por parte del gobierno anterior; continuarán estos procesos”.
La administración de Ávila Olmeda interpuso en marzo una denuncia contra su antecesor, el también morenista Jaime “N” y quienes fungieron como titulares de diversas dependencias como la Secretaría General de Gobierno, del Agua y de Hacienda al haber promovido el ventajoso contrato entregado a Next Energy.
A los ex servidores públicos se les acusa de delitos como corrupción, peculado, coalición y abuso de sus facultades, entre otros.
“En la ruta legal, administrativa y penal vamos a mantenernos firmes, al acuerdo únicamente se llegó con la empresa”.
La mandataria indicó que al dar por cancelado el contrato se evitan los gastos derivados de un conflicto legal que podía extenderse por un largo tiempo.
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