La Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), ha separado bebés indígenas de sus familias, lo que es en contra del interés superior del menor, y en contra de los derechos humanos de las familias tzotziles que se encuentran en nuestra ciudad.
Lo anterior lo denunció la consejera consultiva del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJER), Maricarmen Rioseco Gallegos, al señalar que la policía municipal ha causado un daño a un par de menores lactantes al separarlos de sus madres y llevarlos a un albergue, causándoles desnutrición.
Mencionó que estos dos menores tzotziles no conocen otra forma de nutrirse que no sea del seno materno, además, se les ha causado un trauma al subirlos a las patrullas con gente extraña, separándolos de sus familias, sin que nadie entienda su lenguaje maya.
La activista señaló que son varias agresiones violatorias de los derechos humanos que han sufrido estas familias.
Yair Dylan un año 8 meses, Adeliana de un año 2 meses, y otros tres menores más, que no son lactantes, fueron “levantados” junto con sus familiares por patrullas municipales en un semáforo del bulevar Lázaro Cárdenas, el día 12 de enero.
“Sus papás y mamás han estado reclamando que les devuelvan a sus pequeños. Ana Cristina y Yolanda no han parado de llorar pensando en el hambre que estarán padeciendo sus bebés por no tener su chichi”.
Estas cuatro familias migraron hace unos meses desde Chiapas, del área de Tzotziles, Mitonic.
Expuso que el tzotzil o tsotsil es una lengua mayense que se habla principalmente en los Altos de Chiapas por los pueblos de la etnia tzotzil.
En su población no podían ganar más de 50 pesos por día de trabajo en el campo, y las carencias para alimento y vivienda han sido de todos los días.
Además, huyen de la violencia comunitaria y sus hijas e hijos no pueden tomar clases por la pandemia, y por la imposibilidad de contar con tecnología para acceder a las clases, cargan con sus hijos e hijas todo el día y todos los días.
Rioseco Gallegos comentó que como antecedente de estas acciones sistemáticas, violatorias y discriminatorias hacia una población vulnerable por parte de las autoridades, es importante señalar que los 12 menores que DIF “regresó” a Chiapas junto con sus familiares el 28 de enero.
Esto es relacionado con un llamado de “rescate”, a través de la policía municipal en sus domicilios, deteniendo a progenitores y tutores, privándoles de su libertad e imponiendo multas, que finalmente fueron exoneradas por la evidente falta de recursos.
Todo ello sin orden judicial criminalizándoles, conlleva, todas esas acciones, a reflexionar sobre la incapacidad de las instituciones en esta localidad, para atender el tema de migración, el de los derechos humanos de la niñez y de las mujeres indígenas.
Además de la omisión de protocolos para juzgar con perspectiva de género y el grave desconocimiento de las autoridades y agentes de la DSPM, así como del personal de DIF para respetar esos derechos.
“Todas las niñas, niños y adolescentes, tienen derecho a vivir en una familia y no podrán ser separados de ella por falta de recursos para su subsistencia.
“Tampoco podrán ser separados de las personas que los tengan bajo su guarda y custodia, sino por orden de autoridad competente y mediante un debido proceso en el que haya sido tomada en cuenta su opinión y su interés superior.
Su institucionalización deberá ser el último recurso que adopte el Estado mexicano para la protección de sus derechos, observó Rioseco Gallegos.
