/ viernes 26 de junio de 2020

Desalojan a choferes con la fuerza pública

Conductores de plataformas digitales como Uber y Didi consideran que se criminaliza su trabajo

Haciendo uso de la fuerza pública, el Gobierno del Estado desalojó a los conductores de plataformas digitales que mantenían encadenadas las oficinas de la Subrecaudación Auxiliar de Rentas.

Las instalaciones habían sido tomadas desde la tarde del miércoles en rechazo a la "Ley de Movilidad" que contempla penas de cárcel para quienes ofrezcan dichos servicios sin autorización estatal.

El operativo estuvo conformado por más de 40 elementos de la Fiscalía General y de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación (GESI) quienes portaban herramientas antimotines.

Los agentes se repegaron al cerco que habían conformado los choferes en los accesos principales del edificio, por lo que hubo empujones y se reportó a una mujer lesionada por el uso de la fuerza de parte de los policías.

Tres horas antes del desalojo, los conductores se habían reunido con el titular del Instituto de Movilidad Sustentable y Turismo (IMOS), Rafael Echevoyén Cruz, pero aparentemente no hubo acuerdos.

Agentes antimotines estatales desalojaron ayer a los conductores de plataformas digitales que mantenían desde el miércoles tomadas las oficinas de Subrecaudación Auxiliar de Rentas y ayer encadenaron puertas de edificio del Poder Ejecutivo | CAPTURA DE PANTALLA

RECHAZAN LEGISLACIÓN

La administración de Jaime Bonilla Valdez propuso la creación de IMOS que contempla la regularización del servicio de movilidad a través de aplicaciones móviles.

Además de permisos y ciertas reglas, la Ley incluye penas de 6 meses a 2 años de cárcel a quienes ofrezcan el servicio de transporte sin los permisos estatales.

Con estos castigos, los trabajadores del volante consideran que están siendo criminalizados.

“Con este decreto nos convierten en criminales por el simple hecho de realizar nuestro trabajo que está reconocido ante el SAT, no es algo ilegal”, manifestó Cynthia Aparicio, quien desde hace 3 años conduce su vehículo y presta servicios a través de Uber.

Las protestas de los conductores contra la “Ley de Movilidad” se agudizaron la mañana de ayer, cuando también cerraron el edificio del Gobierno del Estado.

Los conductores aseguraron no estar en contra de la regularización, pero consideran injustos algunos aspectos y los castigos que ya pueden hacerse efectivos porque la ley ya fue publicada.

Las autoridades han asegurado que al no estar definidos ciertos detalles como el costo de los permisos los castigos no se estarán aplicando, sin embargo los choferes tienen sus dudas.

Los acuerdos que además habían hecho con el Sistema Municipal de Transporte (Simutra) también quedaron sin efecto porque el tema ahora es estatal.

Crearon la Ley sin anunciarla, la aprobaron muy rápido y la publicaron, ¿para qué tanta prisa si no lo van a hacer válido?.

Los conductores de Uber y Didi se enfrentan además a una baja de hasta el 70% en los servicios a raíz de la pandemia.

Luego del desalojo, los conductores temen la detención de quienes encabezaron el diálogo con las autoridades.

Haciendo uso de la fuerza pública, el Gobierno del Estado desalojó a los conductores de plataformas digitales que mantenían encadenadas las oficinas de la Subrecaudación Auxiliar de Rentas.

Las instalaciones habían sido tomadas desde la tarde del miércoles en rechazo a la "Ley de Movilidad" que contempla penas de cárcel para quienes ofrezcan dichos servicios sin autorización estatal.

El operativo estuvo conformado por más de 40 elementos de la Fiscalía General y de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación (GESI) quienes portaban herramientas antimotines.

Los agentes se repegaron al cerco que habían conformado los choferes en los accesos principales del edificio, por lo que hubo empujones y se reportó a una mujer lesionada por el uso de la fuerza de parte de los policías.

Tres horas antes del desalojo, los conductores se habían reunido con el titular del Instituto de Movilidad Sustentable y Turismo (IMOS), Rafael Echevoyén Cruz, pero aparentemente no hubo acuerdos.

Agentes antimotines estatales desalojaron ayer a los conductores de plataformas digitales que mantenían desde el miércoles tomadas las oficinas de Subrecaudación Auxiliar de Rentas y ayer encadenaron puertas de edificio del Poder Ejecutivo | CAPTURA DE PANTALLA

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La administración de Jaime Bonilla Valdez propuso la creación de IMOS que contempla la regularización del servicio de movilidad a través de aplicaciones móviles.

Además de permisos y ciertas reglas, la Ley incluye penas de 6 meses a 2 años de cárcel a quienes ofrezcan el servicio de transporte sin los permisos estatales.

Con estos castigos, los trabajadores del volante consideran que están siendo criminalizados.

“Con este decreto nos convierten en criminales por el simple hecho de realizar nuestro trabajo que está reconocido ante el SAT, no es algo ilegal”, manifestó Cynthia Aparicio, quien desde hace 3 años conduce su vehículo y presta servicios a través de Uber.

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