Los ministros Yasmín Esquivel Mossa y Juan Luis González Alcántara Carrancá desecharon por notoria improcedencia las controversias constitucionales presentadas por los municipios de Tijuana y Mexicali contra la llamada Ley Bonilla, que amplia el plazo de dos a cinco años el cargo de gobernador de Baja California.
Ambos ministros están al frente de la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), correspondiente al Primer Periodo de Sesiones de 2019.
La SCJN informó que tanto los Municipios de Tijuana y Mexicali argumentaban que en la dispensa de trámite aprobada por el Congreso del estado no fueron convocados a la Comisión de Dictaminación respecto de la iniciativa de reforma al artículo octavo transitorio del Decreto 112 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Baja California.
Señala que con fundamento en lo previsto en los artículos 56 y 58 del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y atendiendo a la jurisprudencia que el Pleno de la Corte ha establecido respecto de la procedencia de la controversia constitucional, se desecharon por notoria improcedencia al haber sido promovidas en contra de actos que no son definitivos por derivar de un procedimiento legislativo inconcluso, al no haberse publicado la norma general.
Advierte que esto no prejuzga la admisibilidad de medios de impugnación diversos o eventuales.Esto se da luego que El Congreso de Baja California extendiera el periodo de mandato del gobernador electo, Jaime Bonilla, en medio de un proceso legislativo altamente cuestionado.
