/ viernes 24 de enero de 2020

Desvíos de 2 mmdp en gobierno de Vega

El auditor superior de Baja California dijo que también estarían involucrados los ex secretarios de finanzas

Tijuana.- La Auditoría Superior de Baja California (ASEBC) ha detectado desvíos de recursos por más de dos mil millones de pesos en la administración de Francisco Vega de Lamadrid.

El auditor superior de Baja California, José Sergio Soto García, explicó que de esa cifra, mil 224 corresponden al periodo 2013-2018, en tanto que para 2019, la cifra rebasa los 800 millones de pesos, tan solo hasta el tercer trimestre, quedando pendiente el último tercio del año pasado.


José Sergio Soto García, Auditor Superior de BC | Foto: José Luis Camarillo | El Sol de Tijuana


“Estos datos deben pasar a través de la Fiscalía Estatal, aportándoles las pruebas necesarias para que tengan la evidencia suficiente y competente para poder amonestar, sancionar o penalizar”, apuntó.

Respecto al método utilizado para el desvío de recursos, detalló que las facturas eran cobradas, para posteriormente ser canceladas ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

“Todos están obligados a emitir con comprobante fiscal digital, pero emitieron el comprobante, se cobraron, aparecen en los estados de cuenta del proveedor y también se cancelaron posteriormente, por lo que están involucrados los proveedores”, puntualizó.



Además del exmandatario estatal, Soto García dijo que también estarían siendo investigados los exsecretarios de Finanzas Bladimiro Hernández y Antonio Valladolid.

“Si no se solventa lo que se está determinando en la investigación, es lógico que tienen que ir a la cárcel, esto resultó en observaciones graves y se tiene que aclarar ante la Fiscalía”, expresó.

El auditor superior de Baja California subrayó que hasta el momento sólo han sido entregados los resultados de las revisiones del periodo 2013-2018, mientras que el análisis del último año de la gestión de Vega de Lamadrid, próximamente sería entregado a la comisión de fiscalización del Congreso del Estado.



“Son diversas partidas, en las que se cometió un abuso, no se pagó a los maestros, con dos mil millones se hacen muchas cosas, y se paga lo que se tenga que pagar”, concluyó.

Tijuana.- La Auditoría Superior de Baja California (ASEBC) ha detectado desvíos de recursos por más de dos mil millones de pesos en la administración de Francisco Vega de Lamadrid.

El auditor superior de Baja California, José Sergio Soto García, explicó que de esa cifra, mil 224 corresponden al periodo 2013-2018, en tanto que para 2019, la cifra rebasa los 800 millones de pesos, tan solo hasta el tercer trimestre, quedando pendiente el último tercio del año pasado.


José Sergio Soto García, Auditor Superior de BC | Foto: José Luis Camarillo | El Sol de Tijuana


“Estos datos deben pasar a través de la Fiscalía Estatal, aportándoles las pruebas necesarias para que tengan la evidencia suficiente y competente para poder amonestar, sancionar o penalizar”, apuntó.

Respecto al método utilizado para el desvío de recursos, detalló que las facturas eran cobradas, para posteriormente ser canceladas ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

“Todos están obligados a emitir con comprobante fiscal digital, pero emitieron el comprobante, se cobraron, aparecen en los estados de cuenta del proveedor y también se cancelaron posteriormente, por lo que están involucrados los proveedores”, puntualizó.



Además del exmandatario estatal, Soto García dijo que también estarían siendo investigados los exsecretarios de Finanzas Bladimiro Hernández y Antonio Valladolid.

“Si no se solventa lo que se está determinando en la investigación, es lógico que tienen que ir a la cárcel, esto resultó en observaciones graves y se tiene que aclarar ante la Fiscalía”, expresó.

El auditor superior de Baja California subrayó que hasta el momento sólo han sido entregados los resultados de las revisiones del periodo 2013-2018, mientras que el análisis del último año de la gestión de Vega de Lamadrid, próximamente sería entregado a la comisión de fiscalización del Congreso del Estado.



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