El Congreso del estado aprobó ayer por 19 votos a favor, 5 en contra y 1 abstención, que el Ejecutivo estatal contrate una deuda pública por hasta 3 mil millones de pesos (mdp), por un plazo de 20 años, para invertirlo en obras de infraestructura física y tendrá hasta 31 de diciembre para hacerlo.
En la sesión del 12 de marzo, la misma legislatura aprobó al gobernador Jaime Bonilla Valdez establecer un contrato plurianual de 6 años y por cerca de 2 mil mdp, con una empresa privada para la alimentación de más de 12 mil internos y más de 1 mil custodios de los centros penitenciarios del estado.
Previamente, en diciembre de 2019, el mismo Congreso aprobó una reestructuración de la deuda por 12 mil mdp.
SU RAZÓN
Con el argumento de que la actual administración estatal recibió la hacienda pública en números rojos y la necesidad de realizar obra pública, ayer se aprobó el nuevo adeudo.
Los diputados María del Carmen Armenta Sanabia y Loreto Quintero, del PAN, así como el morenista Víctor Morán Hernández, el priista Javier Robles Aguirre y Juan Carlos Rábago, votaron en contra.
Víctor Hugo Gutiérrez Castro votó en abstención, por no tener datos suficientes.
Durante la sesión plenaria no presencial, se presentó el dictamen 175 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la XXIII Legislatura, que preside la diputada por Morena, Julia Andrea González, en el que se autoriza al gobierno del estado el contratar deuda pública.
El financiamiento se utilizará en inversiones públicas productivas como infraestructura física, que incluye la construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y conservación de infraestructura.
Además, la adquisición de bienes para el equipamiento de las obras generadas o adquiridas para infraestructura hidroagrícola.
Dichas inversiones se realizarán en bienes sujetos al régimen de dominio público o propios del estado y para la constitución de fondos de reserva con el o los financiamientos contratados.
La fuente de pago será un porcentaje suficiente del derecho a recibir y los flujos que le corresponden del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF).
También serán fuente de pago aquellos que en su caso reemplacen el citado fondo, lo sustituyan o complementen.
Conforme al marco jurídico vigente se podrá afectar hasta el 25% de los ingresos y derechos a las aportaciones federales.
Lo anterior, en el entendido que, para obligaciones pagaderas en dos o más ejercicios fiscales, para cada año podrá destinarse al servicio de éstas lo que resulte mayor entre aplicar el 25% a los recursos correspondientes al FAFEF del ejercicio fiscal que se encuentre transcurriendo o los del año en que las obligaciones hayan sido contratadas.
Para cada financiamiento hasta 20 años, equivalentes aproximadamente a 7 mil 300 días, contados a partir de la fecha en que se celebren el o los contratos de crédito respectivos; o la primera disposición de los recursos otorgados cuando la misma sea cierta y conocida desde la fecha de celebración del o los contratos de crédito, según resulte aplicable.
LOS ARGUMENTOS
Morán Hernández cuestionó el por qué después de año y medio de gobierno no se ha hecho obra, si en diciembre de 2019, este Congreso aprobó una reestructuración de la deuda por 12 mil mdp, en el dictamen 36 de la Comisión de Hacienda.
Invitó a sus compañeros a tomar este tema con total responsabilidad, ya que no pueden aprobar esto, sin saber en qué proyectos específicos, claros y que estén aprobados, se estarán aplicando estos recursos.
Rábago señaló que esto es un golpe a las finanzas públicas del estado, ya que no se justifica la utilidad pública, ni se especifica en qué obras se van a aplicar estos recursos, por lo que no se puede permitir que se comprometan las finanzas públicas por los próximos 20 años.
Robles Aguirre comentó que de esos 3 mil millones, 1 mil 500 millones serán para el servicio de la deuda y el resto a obra pública, solo que no hay proyectos de inversión y no saben si van a construir un puente o una escuela.
Evangelina Moreno, Miriam Cano y Eva Rodríguez, de Morena; la independiente Trini Vaca y Claudia Agatón, del PT, coincidieron en que es necesario la realización de obra pública, que les exigen en sus respectivos distritos y que no se ha podido realizar, por los malos manejos de administraciones anteriores.
