/ lunes 30 de septiembre de 2019

El 13 de octubre se hará consulta ciudadana sobre Ley Bonilla

La finalidad es conocer el sentir de los ciudadanos si quieren un gobierno de 2 o de 5 años.

Con el fin de conocer el sentir de los ciudadanos si quieren un gobierno de 2 o de 5 años, el Congreso del Estado realizará una consulta ciudadana este próximo 13 de octubre en todo el Estado.

La tarde de este lunes, la Comisión Especial de Seguimiento a la Consulta Ciudadana, que preside la diputada local por Morena, Miriam Cano, ofreció una rueda de prensa para informar sobre los avances de la consulta ciudadana para definir el destino de la Ley Bonilla.

Los legisladores, todos pertenecientes a la coalición Juntos Haremos Historia por Baja California (Morena-PVEM-PT-Transformemos), explicaron la mecánica que se seguirá el día de la jornada electoral, aunque sin dar datos específicos.



El día de la jornada se instalarán de 250 a 300 casillas con aproximadamente mil 500 boletas, en las que se preguntará a los bajacalifornianos si prefieren un Gobierno de 2 o de 5 años.

Cano expuso que no se esperan gastar más de 200 mil pesos en el ejercicio ciudadano, y los recabarán con las aportaciones de los diputados y regidores, pero en este caso, el propio Gobernador electo, Jaime Bonilla, estará impedido para aportar, aunque no explicaron como.

La presidenta de la Comisión, mencionó que ella aportará alrededor de 10 mil pesos, pero los demás pueden aportar lo que quieran.



Hasta ahora, los únicos Diputados que entrarán en la tanda, son los 17 que integran la referida coalición.

Sobresalió además que estos diputados no han visto el dictamen de la llamada Ley Bonilla, el cual se encuentra extraviado desde el inicio de la Legislatura, sin que ninguno de ellos tuviera idea de si paradero, o si ya lo tiene el presidente del Congreso, el también morenista, Catalino Zavala, quien por cierto, también se perfila como próximo secretario de Educación de Bonilla Valdez.

También hubo una confusión, ya que Miriam Cano aceptó que esta consulta era ilegal, ya que no cuenta con bases jurídicas, pero de inmediato salió al rescate de la diputada ensenadense, Víctor Navarro, quien dijo que sí era legal.

Con el fin de conocer el sentir de los ciudadanos si quieren un gobierno de 2 o de 5 años, el Congreso del Estado realizará una consulta ciudadana este próximo 13 de octubre en todo el Estado.

La tarde de este lunes, la Comisión Especial de Seguimiento a la Consulta Ciudadana, que preside la diputada local por Morena, Miriam Cano, ofreció una rueda de prensa para informar sobre los avances de la consulta ciudadana para definir el destino de la Ley Bonilla.

Los legisladores, todos pertenecientes a la coalición Juntos Haremos Historia por Baja California (Morena-PVEM-PT-Transformemos), explicaron la mecánica que se seguirá el día de la jornada electoral, aunque sin dar datos específicos.



El día de la jornada se instalarán de 250 a 300 casillas con aproximadamente mil 500 boletas, en las que se preguntará a los bajacalifornianos si prefieren un Gobierno de 2 o de 5 años.

Cano expuso que no se esperan gastar más de 200 mil pesos en el ejercicio ciudadano, y los recabarán con las aportaciones de los diputados y regidores, pero en este caso, el propio Gobernador electo, Jaime Bonilla, estará impedido para aportar, aunque no explicaron como.

La presidenta de la Comisión, mencionó que ella aportará alrededor de 10 mil pesos, pero los demás pueden aportar lo que quieran.



Hasta ahora, los únicos Diputados que entrarán en la tanda, son los 17 que integran la referida coalición.

Sobresalió además que estos diputados no han visto el dictamen de la llamada Ley Bonilla, el cual se encuentra extraviado desde el inicio de la Legislatura, sin que ninguno de ellos tuviera idea de si paradero, o si ya lo tiene el presidente del Congreso, el también morenista, Catalino Zavala, quien por cierto, también se perfila como próximo secretario de Educación de Bonilla Valdez.

También hubo una confusión, ya que Miriam Cano aceptó que esta consulta era ilegal, ya que no cuenta con bases jurídicas, pero de inmediato salió al rescate de la diputada ensenadense, Víctor Navarro, quien dijo que sí era legal.

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