El ex gobernador Jaime “N” y ocho de sus ex colaboradores deberán presentarse ante un juez de control para que se les imputen los delitos que se presume se cometieron en medio de la contratación del proyecto de la planta fotovoltaica en el que se estima un quebranto de 12 mil millones de pesos a las finanzas públicas estatales.
Los otros ex funcionarios que deberán comparecer son Amador “N”, Luis Salomón “N”, Adalberto “N”, Rodolfo “N”, Israel “N”, Marco Octavio “N”, Miriam Lizbeth “N” y Pablo Alonso “N”.
La Fiscalía General del Estado (FGE) hizo dicha solicitud al Poder Judicial justificando la necesidad de que el ex mandatario morenista y los ex funcionarios sean enterados formalmente de que se les investiga por la probable comisión de hechos delictivos tras una denuncia interpuesta en marzo de este año por el gobierno que encabeza Marina del Pilar Ávila Olmeda.
La investigación incluye a quienes durante la pasada administración ocuparon la titularidad de la Secretaría de Hacienda, la Secretaría para el Manejo, Protección y Saneamiento del Agua (Seproa), Secretaría General de Gobierno, Oficialía Mayor y la Comisión Estatal de Energía.
Dos representantes de la compañía Next Energy también deberán acudir ante el juzgado.
Ricardo Iván Carpio, fiscal general en el Estado, confirmó que los ex servidores públicos son investigados por los delitos de peculado, coalición de servidores públicos y corrupción, entre otros.
“Están siendo citados a una audiencia de imputación los más altos funcionarios que estuvieron desempeñándose en la administración pasada; estos delitos sí tienen pena privativa de la libertad”
Aclaró que será la autoridad judicial quien definirá la fecha y el momento en que se lleve a cabo la audiencia.
Si el ex gobernador y sus ex funcionarios no se presentan ante el citatorio de un juez de control pueden ser detenidos, pues así se establece en el Artículo 310 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
ANTECEDENTES
Durante su administración, Jaime “N” presentó como una solución a la falta de energía eléctrica del Estado la construcción de una planta fotovoltaica, proyecto que inició en medio de una serie de litigios y con el rechazo de la Secretaría de Energía.
A pesar de esto, el 15 de junio del 2021 el ex mandatario encabezó la colocación de la primera piedra de la planta junto a la empresa Next Energy, que resultó ganadora en el proceso de licitación que implicaba un contrato con vigencia de 30 años, tiempo durante el que se vendería la energía al Gobierno del Estado.
La promesa fue una inversión de 16 mil millones de dólares por parte de la empresa y la generación de 2 mil 546 megawatts de energía al día para abastecer las instalaciones gubernamentales.
En el evento un representante de Next Energy reconoció que aún no contaban con los permisos del gobierno federal para la generación de energía y tampoco los de construcción que se tramitan ante el Ayuntamiento, pero aseguró que estaban a punto de obtenerlos.
La administración de Ávila Olmeda detectó diversas irregularidades en la contratación de Next Energy, principalmente que la planta nunca comenzó a construirse y que en el contrato se estableció un pago de 120 millones de pesos en caso de que el proyecto no se concretara.
Otro aspecto que se aseguró a favor de Next Energy fue un fideicomiso a través del Banco Afirme para retener el 19.5% de las participaciones federales que lleguen a Baja California además del acceso a otros impuestos.
Para la actual administración, el contrato de Next Energy representa un quebranto de 12 mil millones de pesos a las finanzas estatales además de considerar que fue planeado ventajosamente a favor de empresa regiomontana.
