En medio de escándalos a nivel nacional, a las 9:00 horas tiempo local, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), definirá la llamada Ley Bonilla, con lo que se cerrará el capítulo de la larga búsqueda de la gubernatura de 5 años, en la vida democrática de Baja California.
La corte resolverá como primer punto de la sesión, la ponencia del ministro José Fernando Franco González Salas, sobre las acciones de inconstitucionalidad promovida por los Partidos políticos PAN, MC, PRD, PRI y PBC, así como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Lo anterior, demandando la invalidez de la reforma al Artículo Octavo Transitorio de la Constitución local, aprobado mediante el decreto 112 del 11 de septiembre del 2014, publicada en el Periódico Oficial del Estado, el 17 de octubre del 2019 mediante el decreto 351.
Este ha sido un largo proceso en el que se estableció la gubernatura de 2 años en 2014, luego el tribunal electoral resolvió que fuera de 5, por lo que el actual gobernador se registró por ese periodo.
Pero un par de horas más tarde, el tribunal electoral federal resolvió la gubernatura por 2 años, por lo que la elección del 2 de junio de 2019 se realizó para ese periodo.
Luego vino la Ley Bonilla que se extravió en el Congreso y posteriormente fue publicada después de una consulta pública, por lo que el mandatario estatal rindió protesta por ese periodo.
ANTECEDENTES
Fue un 31 de mayo cuando el entonces presidente de la mesa directiva de la XXII Legislatura y diputado local por el PRI, Édgar Benjamín Gómez Macías, denunció que el subsecretario de gobernación, Ricardo Peralta Saucedo, le ofreció un millón de dólares a cambio de realizar una sesión extraordinaria y modificar el periodo de gobierno del próximo gobernador.
Lo que finalmente se hizo realidad el 8 de julio del 2019.
Lo anterior, relacionado a lo que se ha dado a llamar la “Ley Bonilla”, que fue presentada por el diputado Víctor Morán Hernández la noche del 8 de julio de 2019, y aprobada por la XXII Legislatura del Estado con 21 votos a favor, una abstención del entonces diputado panista Miguel Antonio Osuna Millán, y cero en contra.
En esta reforma realizada un mes y una semana posterior a las elecciones locales a gobernador realizadas el 2 de junio del 2019, se establece que el periodo del mandatario estatal será del 1 de noviembre del 2019, al 31 de octubre del 2024.
Como antecedente, el 10 de julio del 2014, la XXI Legislatura del estado, para ponerse a tono con las recientes reformas electorales federales aprobó empatar los procesos electorales locales con los federales.
En aquella ocasión se argumentó que debido a la preponderancia de las elección de Presidente de la República a celebrarse el año 2024, se consideró que las elecciones a gobernador del estado debieran empatarse con las intermedias federales que se celebrarían el 2021, en la que solo se eligen diputados federales.
Es así como por unanimidad, los integrantes de la XXI Legislatura local, convinieron en que en la elección local del 2019, se elegiría a gobernador del estado, diputados locales y munícipes, que solo tendrían un periodo de gobierno de 2 años, es decir, terminaría su gestión en 2021.
Sin embargo, ya con la XXIII Legislatura de mayoría morenista en funciones, el entonces presidente del Congreso local y diputado reelecto por Morena y hoy secretario de Educación del Estado, Catalino Zavala Márquez declaró el 8 de agosto de 2019 ante medios que el expediente de la llamada “Ley Bonilla” se encontraba desaparecida.
Fue el propio Zavala Márquez quien presentó una propuesta para llevar a consulta la Ley Bonilla, y que fueran los propios bajacalifornianos quienes decidieran si querían un gobernador por 2 o 5 años.
La consulta se realizó el 13 de octubre y participaron 53 mil 419 bajacalifornianos, de los cuales, 45 mil 030 votos fueron a favor del proyecto de 5 años, correspondientes al 84 %, mientras que 8 mil 186 a favor del proyecto de 2 años, y se sumaron203 abstenciones.
Con esto, la Ley Bonilla o decreto 351, fue publicado en el Periódico Oficial del Estado en su edición del 17 de octubre del 2019.
Ante estos sucesos, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró el 15 de octubre que no sería él quien presentara un recurso de inconstitucionalidad en contra de la Ley Bonilla, debido a que esto era una cuestión de partidos políticos.
Jaime Bonilla Valdez rindió protesta como gobernador del estado por el periodo del 1 de noviembre del 2019 al 31 de octubre de 2024, teniendo como testigo por parte del gobierno federal, a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.
LA TRAICIÓN
El 26 de septiembre de 2019, la secretaria de Gobernación y ex ministra de la SCJN, Olga Sánchez Cordero, acudió ante el Senado de la República donde compareció y bajo juramento de decir verdad desde el estrado aseguró que consideraba inconstitucional la Ley Bonilla.
Expresé hace meses y hace semanas mi opinión como abogada respecto a la reforma a la llamada Ley Bonilla, es en mi opinión, inconstitucional, punto, lo sostengo
Sin embargo, la madrugada del 1 de noviembre del 2019, cuando recién tomó protesta Bonilla Valdez como gobernador constitucional, en una trasmisión en vivo por la red social de Facebook, una jovial Sánchez Cordero le aseguró al mandatario estatal que la ley pervivirá.
EL REGISTRO
Hay que hacer notar que el 27 de marzo, el senador con licencia y ex delegado único del gobierno federal en Baja California, Jaime Bonilla Valdez, se registró ante el Consejo General del Instituto Estatal Electoral (IEE), como candidato a gobernador por la coalición Juntos Haremos Historia en Baja California (Morena-PT-PVEM-Transformemos).
En aquella ocasión, efectivamente, Bonilla Valdez se registró como candidato a gobernador por 5 años.
Sin embargo, un par de horas más tarde, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocaría el recurso de impugnación RI-18/2019 dictado por el Tribunal de Justicia Electoral del Estado.
Es por lo anterior que se establecía que el periodo de gestión del próximo gobernador del estado, sería por 2 años.
El recurso RI-18/2019, presentado entonces Blanca Estela Fabela Dávalos, actual directora del DIF estatal, y esposa del diputado Víctor Morán, quien presentó ante el Congreso, la llamada Ley Bonilla, alegaba que se trasgredía a ser votada por un periodo determinado en el Artículo 44 constitución local, que marca 6 años de gobierno.
Sin embargo, Fabela Dávalos nunca participó en el proceso interno de Morena, para la selección de candidato a la gubernatura del estado.
Tal artículo señala que: “El Gobernador será electo cada seis años, mediante el sufragio universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible y entrará a ejercer sus funciones el día primero del mes de Noviembre posterior a la elección”.
El recurso fue aprobado la noche del domingo 24 de febrero de 2019, con dos votos a favor de los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral del Estado, Leobardo Loaiza Cervantes y Jaime Vargas Flores, y el voto en contra de la entonces presidenta, Elba Regina Jiménez Castillo.
