/ miércoles 13 de mayo de 2020

Evalúa diputado federal presentar juicio político por “Ley Bonilla”

Buscan que rindan cuentas todos los involucrados en este posible fraude

Con la resolución de la SCJN, en la que se señala que la Ley Bonilla fue un fraude a la Constitución, se da pie a iniciar acciones legales en contra de los ex diputados locales que la avalaron, manifestó el diputado federal por el PES, Héctor Cruz Aparicio.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que la llamada ley Bonilla, en la que se alargaba de 2 a 5 años, la gestión del actual mandatario estatal era inconstitucional, presentando adjetivos como fraude constitucional, fraude postelectoral, entre otros.

Cruz Aparicio afirmó que la resolución de la SCJN da pie para iniciar acciones legales en contra de exdiputados locales que avalaron “un fraude a la Constitución”.

Estamos evaluando desde el Congreso federal solicitar un juicio político y, sobre todo, pedir formalmente la intervención de la Fiscalía General de la República para que se procese el fraude del que hablaron los ministros de la SCJN.

Hay que plantearnos seriamente presentar una denuncia para que rindan cuentas todos los involucrados en este posible fraude; esto debe servir como aviso para los actuales diputados locales quienes continuaron promoviendo, junto al secretario de Gobierno Amador Rodríguez Lozano, una iniciativa que el Máximo Tribunal de este país ya calificó como fraude a la Constitución

El secretario de la mesa directiva de la Cámara de Diputados federal, subrayó que la contundente decisión de la Suprema Corte, abre la discusión sobre si la reforma ahora derogada pone la acción de los exdiputados en el criterio de fraude electoral, el cual desde 2019 es meritorio de prisión preventiva.

Lo dijimos desde el momento en que se realizó esa reforma: están violentando los principios de irretroactividad de la ley, de legalidad y certeza de las elecciones. Tratar de modificar el periodo de gobierno una vez consumada la elección, es una acción no sólo anticonstitucional sino amoral

Esperemos que los ciudadanos no se olviden de quienes quisieron anteponer sus intereses por encima y al margen de la Ley

La resolución de la SCJN sobre este caso “sentará un precedente importantísimo para el futuro próximo en materia electoral y político del país

Con la resolución de la SCJN, en la que se señala que la Ley Bonilla fue un fraude a la Constitución, se da pie a iniciar acciones legales en contra de los ex diputados locales que la avalaron, manifestó el diputado federal por el PES, Héctor Cruz Aparicio.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que la llamada ley Bonilla, en la que se alargaba de 2 a 5 años, la gestión del actual mandatario estatal era inconstitucional, presentando adjetivos como fraude constitucional, fraude postelectoral, entre otros.

Cruz Aparicio afirmó que la resolución de la SCJN da pie para iniciar acciones legales en contra de exdiputados locales que avalaron “un fraude a la Constitución”.

Estamos evaluando desde el Congreso federal solicitar un juicio político y, sobre todo, pedir formalmente la intervención de la Fiscalía General de la República para que se procese el fraude del que hablaron los ministros de la SCJN.

Hay que plantearnos seriamente presentar una denuncia para que rindan cuentas todos los involucrados en este posible fraude; esto debe servir como aviso para los actuales diputados locales quienes continuaron promoviendo, junto al secretario de Gobierno Amador Rodríguez Lozano, una iniciativa que el Máximo Tribunal de este país ya calificó como fraude a la Constitución

El secretario de la mesa directiva de la Cámara de Diputados federal, subrayó que la contundente decisión de la Suprema Corte, abre la discusión sobre si la reforma ahora derogada pone la acción de los exdiputados en el criterio de fraude electoral, el cual desde 2019 es meritorio de prisión preventiva.

Lo dijimos desde el momento en que se realizó esa reforma: están violentando los principios de irretroactividad de la ley, de legalidad y certeza de las elecciones. Tratar de modificar el periodo de gobierno una vez consumada la elección, es una acción no sólo anticonstitucional sino amoral

Esperemos que los ciudadanos no se olviden de quienes quisieron anteponer sus intereses por encima y al margen de la Ley

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