Mexicali. – La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) exhorta al Congreso del Estado para que se armonice la legislación en nuestra entidad para garantizar el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir sobre su cuerpo, normando la interrupción del embarazo dentro del periodo de doce semanas de gestación.
El ombudsperson, Miguel Mora, subrayó que, partiendo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozan del derecho a la protección de la salud, así como el derecho a decidir de manera libre e informada sobre el esparcimiento de los hijos, lo que implica necesariamente el derecho a la autonomía reproductiva en condiciones de igualdad.
De igual manera, el presidente de la CEDHBC hizo hincapié en que, en el ámbito internacional, existen sentencias emitidas por diversas cortes que han reconocido la innegable relación entre los derechos de libertad y el derecho a la salud, en lo relativo a las decisiones sobre la interrupción del embarazo, y que señalan, por ejemplo, que el libre desarrollo de la personalidad de las mujeres y personas gestantes prevalece cuando el embarazo resulta una carga extraordinaria y opresiva o cuando afecta su salud, sus condiciones económicas o las de su familia.
Asimismo, el ombudsperson agregó que, recientemente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió tres acciones que determinan como inconstitucional considerar como persona al nonato y, a partir de ello, adoptar medidas restrictivas del derecho a la autonomía reproductiva de las mujeres y de las personas gestantes. Aunado a ello, agregó que la SCJN también determinó inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta.
Ante este panorama, Miguel Mora enfatizó que la CEDHBC exhorta al Congreso del Estado para contribuir al fortalecimiento del Estado de Derecho, llevando a cabo el proceso legislativo necesario para la reforma de las disposiciones en nuestra Constitución Local, Código Penal, Ley de Salud Pública del Estado de Baja California y cualquier otro instrumento normativo relacionado con la armonización de la despenalización del aborto y la prestación de los servicios de salud pública.
