/ sábado 31 de agosto de 2019

Exigen mujeres de BC justicia para víctimas de violador en serie

Solicitan la aplicación del Protocolo de Actuación para Impartir Justicia con Perspectiva de Género.

El violador serial José Ramón “N”, tiene al momento 13 acusaciones de violación sexual, dos menores de 16 y 17 años y 11 entre los 19 y 21 años de edad. El domingo primero de septiembre está programada en Mexicali la audiencia de vinculación a proceso por la segunda orden de aprehensión, las acusaciones realizadas por violación sexual son desde 2017 a la fecha. Sin embargo no sorprenderá que a la luz de la impunidad haya mas víctimas que no hayan vencido el trauma a la denuncia y durante las investigación se presenten mas.

En estos casos no se le debe conceder libertad condicional a este tipo de delincuentes, debido al impacto social, al abuso sexual y los efectos en las víctimas y sus familias afectadas. Si se le concediera posteriormente libertad condicional, por su corta edad saldría de prisión a una edad que puede continuar siendo un sociopata y depredador de jovencitas. Es importante realizar un proceso con toda la rigurosidad que exige el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género de la SCJN, como categoría de análisis jurídico.



Por ejemplo, se debe considerar como agravante el haber violado a menores, a fin de que sean más rigurosas que las violaciones cometidas a mayores de edad. Identificar las consideraciones para las sanciones penales con impacto de género para garantizar la reparación del daño y el acceso de otras jóvenes a una vida libre de violencia.

Otro agravante más es el uso y distribución de imágenes de las mujeres y menores violadas, debido a que el violador tomó imágenes de sus celulares para enviárselas a su teléfono. Para esto es necesario que se revisen sus redes sociales y aparatos electrónicos como investigación judicial por acoso cibernetico, robo de información personal y distribución de material o imágenes de las jóvenes sin su autorización. Esas imágenes robadas son propiedad de las víctimas y en las redes puedes causar efectos de revictimización o acoso cibernético y mas abuso sexual.

La autoridad declara contar previamente con 3 carpetas de investigación, desde 2017. Son denuncias, que no habían sido investigadas y debe haber otras violaciones pendientes, no denunciadas a tiempo por la desconfianza y el temor que las víctimas de agresión sexual sienten ante las autoridades policiacas, no olvidar que por estas razones se han manifestado miles de mujeres y se abrió el hashtag #NoMeCuidanMeViolan.



Otro dato para analizar con el fin de que se haga justicia con perspectiva de género para éstas denunciantes es que la jueza Dora Leticia Contreras Salazar declaró la vinculación a proceso por el delito de violación impropia, pero este depredador sexual cometió los dos tipos penales por lo que no debe quedarse solo en violación propia, ya que violó sexualmente a niñas y jóvenes.

Los ojos de la ciudadanía están atentos, ya que es la oportunidad que tienen los sistemas de justicia en Baja California de aplicar las leyes y códigos penales con perspectiva de género para que las niñas, jóvenes y mujeres adultas puedan sentir que el manto de la justicia les protege por desde su condición de mujer.

El violador serial José Ramón “N”, tiene al momento 13 acusaciones de violación sexual, dos menores de 16 y 17 años y 11 entre los 19 y 21 años de edad. El domingo primero de septiembre está programada en Mexicali la audiencia de vinculación a proceso por la segunda orden de aprehensión, las acusaciones realizadas por violación sexual son desde 2017 a la fecha. Sin embargo no sorprenderá que a la luz de la impunidad haya mas víctimas que no hayan vencido el trauma a la denuncia y durante las investigación se presenten mas.

En estos casos no se le debe conceder libertad condicional a este tipo de delincuentes, debido al impacto social, al abuso sexual y los efectos en las víctimas y sus familias afectadas. Si se le concediera posteriormente libertad condicional, por su corta edad saldría de prisión a una edad que puede continuar siendo un sociopata y depredador de jovencitas. Es importante realizar un proceso con toda la rigurosidad que exige el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género de la SCJN, como categoría de análisis jurídico.



Por ejemplo, se debe considerar como agravante el haber violado a menores, a fin de que sean más rigurosas que las violaciones cometidas a mayores de edad. Identificar las consideraciones para las sanciones penales con impacto de género para garantizar la reparación del daño y el acceso de otras jóvenes a una vida libre de violencia.

Otro agravante más es el uso y distribución de imágenes de las mujeres y menores violadas, debido a que el violador tomó imágenes de sus celulares para enviárselas a su teléfono. Para esto es necesario que se revisen sus redes sociales y aparatos electrónicos como investigación judicial por acoso cibernetico, robo de información personal y distribución de material o imágenes de las jóvenes sin su autorización. Esas imágenes robadas son propiedad de las víctimas y en las redes puedes causar efectos de revictimización o acoso cibernético y mas abuso sexual.

La autoridad declara contar previamente con 3 carpetas de investigación, desde 2017. Son denuncias, que no habían sido investigadas y debe haber otras violaciones pendientes, no denunciadas a tiempo por la desconfianza y el temor que las víctimas de agresión sexual sienten ante las autoridades policiacas, no olvidar que por estas razones se han manifestado miles de mujeres y se abrió el hashtag #NoMeCuidanMeViolan.



Otro dato para analizar con el fin de que se haga justicia con perspectiva de género para éstas denunciantes es que la jueza Dora Leticia Contreras Salazar declaró la vinculación a proceso por el delito de violación impropia, pero este depredador sexual cometió los dos tipos penales por lo que no debe quedarse solo en violación propia, ya que violó sexualmente a niñas y jóvenes.

Los ojos de la ciudadanía están atentos, ya que es la oportunidad que tienen los sistemas de justicia en Baja California de aplicar las leyes y códigos penales con perspectiva de género para que las niñas, jóvenes y mujeres adultas puedan sentir que el manto de la justicia les protege por desde su condición de mujer.

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