Guadalajara, Jalisco (OEM-Informex) Independientemente de otras acciones legales, se van expulsados dos estudiantes del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS) de la Universidad de Guadalajara por ataque sexual a compañera, en hechos ocurridos fuera de instalaciones universitarias.
“No vamos a tolerar ni un caso de violencia en nuestra universidad”: sentenció el rector general Ricardo Villanueva Lomelí, quien precisó que si bien no ocurrieron los hechos en un plantel escolar, si afectan y trastocan la vida de los universitarios.La expulsión fue determinación del Consejo General Universitario (CGU), de la Universidad de Guadalajara (UdeG), es definitiva y no hay marcha atrás. La víctima: Una estudiante de la carrera de Medicina del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS).El dictamen de la Comisión Permanente de Responsabilidades y Sanciones resolvió que los dos alumnos son responsables de las infracciones previstas en las fracciones I, II y VII del artículo 90 de la Ley Orgánica, y del artículo 205, fracciones IX y XI, del Estatuto General.Por ello y de conformidad con la fracción I del artículo 95 de la Ley Orgánica de esta Casa de Estudio, se les sancionó con la expulsión definitiva como alumnos de la UdeG.
Aparejado a ello a ambos se les restringe el ingreso a los planteles de la institución. Además, las medidas cautelares de protección a la estudiante continúan vigentes. Este es un dictamen histórico, ya que es la primera vez que se consigue sancionar una acción que ocurrió fuera de las instalaciones de la Universidad. Esto porque los actos se dieron entre universitarios y las consecuencias de éstos afectaron la vida interna del plantel.“Sabemos que estamos en deuda con las mujeres, que les hemos dejado como última instancia las redes sociales, como única vía de la denuncia.
Quisiera que en esta Universidad los problemas no se resuelvan en Facebook o Twitter, sino que se regrese a la confianza en nuestros órganos de gobierno, para que se sancione por la vía institucional. Pero para eso hay que ganar la confianza de las mujeres, de que vamos a actuar. Y este es el primer antecedente de que no vamos a tolerar ningún acto de violencia”, afirmó el Rector General, doctor Ricardo Villanueva Lomelí, durante la sesión en la que se aprobó este castigo.Varios consejeros universitarios, profesores y estudiantes tomaron la palabra para respaldar públicamente esta sanción. Coincidieron en que se debe de seguir fortaleciendo la formación en el renglón humano para los alumnos, y seguir robusteciendo los protocolos de atención a mujeres, para apostar por la prevención.El dictamen, que fue leído a los consejeros por el Secretario General de la UdeG, maestro Guillermo Gómez Mata, agrega que el hecho de que las conductas se hayan materializado fuera de las instalaciones de la Universidad no afecta la competencia de que la Comisión Permanente de Responsabilidades y Sanciones conozca de este caso, de acuerdo con la normatividad universitaria.Este dictamen fue fundamentado con elementos como una opinión técnica de un perito en psicología forense, además del análisis de los testimonios acusados con la Comisión de Responsabilidades y Sanciones.
Además, la declaración de la ofendida fue valorada con perspectiva de género, ya que su dicho tiene especial relevancia de acuerdo con los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por ser la víctima.
“Constituye un derecho humano de todas las integrantes de la comunidad universitaria el gozar de una vida libre de violencia en términos de lo que ordena la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratados internacionales y leyes federales y locales, haciendo hincapié en que ese derecho humano está protegido en nuestra Ley Orgánica, Código de Ética y Estatuto General, que nos obliga a actuar con perspectiva de género e imponer la sanción prevista en la fracción IV del artículo 89 de la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara”, consigna el dictamen. Se insistió en que con esta determinación, la UdeG atendió a su misión institucional de considerar la perspectiva de género y combatir toda forma de violencia.
Los sancionados tienen 15 días para apelar esta sanción, si así lo consideran.
