Aún teniendo la capacidad física y humana para hacerlo, el Gobierno del Estado decidió contratar --por adjudicación directa-- a una empresa que por cobrar cuentas pendientes de conexión o consumo de agua potable obtiene como beneficio el 20% de cada factura recuperada.
De este modo, la particular Romafan S.A. de C.V., con nombre comercial Fisamex, ha obtenido una ganancia de 147 millones 447 mil 459 pesos en los últimos tres meses en que ha figurado como proveedor del gobierno.
La cobranza a los usuarios comerciales que tienen irregularidades en las comisiones estatales de servicios pùblicos se ha convertido en una de las estrategias principales de la administración de Jaime Bonilla Valdez quien presume haber recuperado 737 millones 237 mil 298 pesos al auditar a más de 400 empresas de diversos giros que presuntamente durante años no pagaron agua o se conectaron a las redes sin cumplir obligaciones.
El mandatario asegura que el recurso será para eficientar el trabajo de las comisiones estatales de servicios públicos.
En febrero de este año, el Gobierno del Estado a través de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) firmó el contrato AD-SERV-01-2020 con Fisamex, cuyo representante es Manuel García Soto, quien quedó facultado para revisar el consumo y posibles volúmenes irregulares de los usuarios comerciales.
En el documento se establece que la empresa debe apegarse a los mismos criterios que utiliza la CESPT, es decir que hará básicamente su trabajo y que su pago será el 20% de cada monto total recuperado de las cuentas dictaminadas.
Aunque en un inicio las auditorías se concentraron solo en Tijuana, en las últimas semanas también se ha expuesto a algunos particulares de Mexicali, Tecate y Ensenada como morosos.
SIN JUSTIFICACIÓN
Además de observar un alto porcentaje de ganancia para la empresa, la contadora Karla Peralta considera que en el contrato celebrado entre el Gobierno del Estado y Fisamex nunca se lee una justificación del porqué se debió recurrir a un externo para realizar la labor de cobranza.
Observó además que en el documento no se citan las facultades que tiene la comisión para suscribir un contrato con particulares, mismas que deben existir pero que tendrían que exponerse al firmar un documento de este tipo.
En ninguna parte viene la razón que justifique el hecho de que tengan que contratar a una empresa cuyo objeto social es la fiscalización, regularización y administración de los usuarios del agua, ¿por qué no lo pueden hacer ellos mismos?
PRIVATIVA SERVICIO
Por su parte el abogado constitucionalista, Francisco Ballesteros Gallegos, considera que el Gobierno del Estado debería acreditar que el contrato que otorgó a Fisamex se ajustó a lo dispuesto por el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado, además de cumplir con los lineamientos de la Secretaría de Hacienda alusivos a los “Rangos de Adquisición con Recursos Estatales”.
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Agregó que la CESPT debe aclarar porqué omitió celebrar una licitación pública para poder contratar al mejor proveedor en relación al costo/beneficio que brindaría con sus servicios.
Al analizar el contrato, Ballesteros Gallegos también destaca que a través de un documento de este tipo se faculte a un externo y particular para realizar labores que competen solo a la comisión de servicios públicos.
Debe justificar por qué se privilegió privatizar el servicio de inspección y vigilancia de la comisión siendo que no existe fundamento jurídico que le conceda las atribuciones convenidas en contrato a una empresa privada.
Se establece que la empresa realizará todas las gestiones para la normalización de los usuarios no domésticos pero dicha cláusula no puede hacer las veces de ley, es decir que la única autoridad con atribuciones para realizar procedimientos de normalización e incluso levantar actas es la propia comisión y no puede delegarse mediante un simple contrato
JUSTIFICA PRECIO
Salomón Faz Apodaca, titular de la Secretaría para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua indicó que el porcentaje de comisión que se lleva Fisamex por cobrarle a los deudores del agua en realidad no es tan alto.
Es un precio que suena alto, sin embargo no lo tiene contabilizado el organismo, no es una cuenta por cobrar o una cartera vencida, es un dinero que no aparece en los balances y llegar a eso implica un trabajo de investigación
Agregó que la empresa cuenta con su propio equipo y personal de trabajo por lo que considera hay toda una inversión de por medio para llegar hasta un dictamen como los que se han cobrado hasta ahora.
El funcionario explicó que para proceder contra una empresa, Fisamex primero elabora un dictamen que muestra a la comisión estatal y si lo encuentran en forma inician el procedimiento conjuntamente, descartando que la auditora tome decisiones de forma autónoma.
La empresa de auditoría le da servicio al organismo y el organismo se acompaña de la empresa para que le muestre la investigación pero es el organismo quien da la cara y tiene capacidad legal
Faz Apodaca dijo además que Fisamex ya había trabajado con la administración de Francisco Vega de Lamadrid pero que los dictámenes que realizaba desaparecían y nunca culminaban en cobros que realmente llegaran a las cuentas estatales.
Nos encontramos con que emitían un dictamen y después no sabían qué pasaba con él, encontramos casos como uno que me consta que le detectaron 4 millones y medio a un hotel de Tijuana pero que pagó un millón
El titular de la Secretaría para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua considera que de fondo la estrategia de cobro que se está implementando resulta positiva para reforzar las labores relacionadas con el servicio que otorgan las comisiones estatales.
