/ viernes 3 de diciembre de 2021

Bonilla rentó edificio destruido en 3 mdp; investigan a ex funcionarios

El contrato se firmó dos días antes de que concluyera su administración estatal

Dos días antes de concluir, la administración de Jaime Bonilla Valdez contrató en Tijuana la renta de un edificio por 3 millones de pesos para instalar ahí el Centro Estatal de Conciliación previsto en la nueva reforma de justicia laboral, pero el problema es que el inmueble está en ruinas, reveló Alejandro Arregui Ibarra.

El actual titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social confirmó que hay una investigación contra exfuncionarios de esa dependencia, incluyendo a los extitulares, Javier Algorri Franco y Sergio Moctezuma Martínez López, por el arrendamiento irregular.

“La pasada administración fue omisa, actuó de mala fe porque a todas luces podemos observar locales totalmente destruidos; se puede observar como las instalaciones son inviables para cualquier instalación de una nueva entidad pública”.

El gobierno estatal tenía como plazo el 3 de noviembre para poner en funcionamiento el Centro Estatal de Conciliación y para esto el gobierno federal dispuso de 24 millones de pesos que combinados con otros 30 millones de pesos estatales estaban a disposición para el arranque del nuevo modelo de justicia laboral, contemplándose parte de esos recursos para el arrendamiento de inmuebles.

El contrato de renta fue cancelado y el monto invertido inicialmente por la pasada administración pudo ser recuperado, afirmó Arregui Ibarra.

“La Secretaría del Trabajo que encabezó en su momento el hoy diputado Sergio Moctezuma fue omisa en los procedimientos de licitación y de adjudicación de los contratos para que esta administración pudiera iniciar la puesta en marcha de los centros estatales de conciliación”.

Por este asunto, fue despedido Quetzalcóatl Orozco, quien en octubre había sido designado como director general del Centro de Conciliación Laboral y había firmado los contratos de renta del inmueble en ruinas.

Al no poder instalar el Centro Estatal de Conciliación, la actual administración estatal solicitó un plazo de 90 días para poder implementar el nuevo modelo de justicia en materia laboral.

BECAS IGNORADAS

Por su parte, la gobernadora del Estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda, señaló que la pasada administración tampoco aprovechó el recurso que el gobierno federal le asignó para el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”.

Dos días antes de concluir, la administración de Jaime Bonilla Valdez contrató en Tijuana la renta de un edificio por 3 millones de pesos para instalar ahí el Centro Estatal de Conciliación previsto en la nueva reforma de justicia laboral, pero el problema es que el inmueble está en ruinas, reveló Alejandro Arregui Ibarra.

El actual titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social confirmó que hay una investigación contra exfuncionarios de esa dependencia, incluyendo a los extitulares, Javier Algorri Franco y Sergio Moctezuma Martínez López, por el arrendamiento irregular.

“La pasada administración fue omisa, actuó de mala fe porque a todas luces podemos observar locales totalmente destruidos; se puede observar como las instalaciones son inviables para cualquier instalación de una nueva entidad pública”.

El gobierno estatal tenía como plazo el 3 de noviembre para poner en funcionamiento el Centro Estatal de Conciliación y para esto el gobierno federal dispuso de 24 millones de pesos que combinados con otros 30 millones de pesos estatales estaban a disposición para el arranque del nuevo modelo de justicia laboral, contemplándose parte de esos recursos para el arrendamiento de inmuebles.

El contrato de renta fue cancelado y el monto invertido inicialmente por la pasada administración pudo ser recuperado, afirmó Arregui Ibarra.

“La Secretaría del Trabajo que encabezó en su momento el hoy diputado Sergio Moctezuma fue omisa en los procedimientos de licitación y de adjudicación de los contratos para que esta administración pudiera iniciar la puesta en marcha de los centros estatales de conciliación”.

Por este asunto, fue despedido Quetzalcóatl Orozco, quien en octubre había sido designado como director general del Centro de Conciliación Laboral y había firmado los contratos de renta del inmueble en ruinas.

Al no poder instalar el Centro Estatal de Conciliación, la actual administración estatal solicitó un plazo de 90 días para poder implementar el nuevo modelo de justicia en materia laboral.

BECAS IGNORADAS

Por su parte, la gobernadora del Estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda, señaló que la pasada administración tampoco aprovechó el recurso que el gobierno federal le asignó para el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”.

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