El diputado Miguel Ángel Bujanda Ruiz fue denunciado por el secretario general del gobierno del estado por presuntamente solicitar 1 millón de pesos para votar a favor de la iniciativa de refinanciamiento de la deuda estatal presentada por el gobernador Jaime Bonilla Valdez ante el Congreso local.
Amador Rodríguez Lozano, en rueda de prensa acompañado de la subsecretaria de gobierno, Laura Sánchez Medrano, señalaron al legislador, quien en nombre de otros cuatro más, le solicitó 1 millón de pesos para cada uno por votar a favor de la iniciativa de refinanciamiento.
“Se pidió refinanciar los más de 12 mil millones de pesos que se tienen en Bancos y que le causa un gran interés al estado, este asunto fue polémico y se le acercó a la subsecretaria, quien estaba haciendo ese tipo de negociaciones y le dijo que por 1 millón de pesos para cada uno le darían el voto afirmativo”.
JUICIO Y DENUNCIA
Por lo anterior, señaló que siguiendo la instrucción de combatir la corrupción en todos sus niveles, como en los casos de los supuestos “moches” de provedores ejercidos por la entonces secretaria de Bienestar Social, Cinthya Gissel García Soberanes y el ahora ex oficial mayor, Jesús Núñez Camacho, se solicitará juicio político y presentará una denuncia por cohecho en contra del legislador.
“Los diputados pueden estar a favor o en contra, pero no vamos a caer en el juego de pagar el voto a favor, además en sí mismo es una cosa positiva del estado; por eso vamos a solicitar primero juicio político contra el diputado Bujanda”.
Asimismo, señaló que se tienen otras investigaciones en contra del diputado ex panista, en las que se le atribuyen una serie de adquisiciones de bienes inmuebles valuados en cantidades millonarias, las cuales se adjudicó en el período del gobierno de Francisco Vega de Lamadrid.
“Compró tres propiedades con un valor de 13 millones de pesos y un condominio de 6 millones en 2018, que se hizo un patrimonio millonario de tres propiedades, que su esposa creó dos empresas en menos de dos meses y más, es información que se ha estado recibiendo de las investigaciones”.
Rodríguez Amador manifestó que también están efectuando indagatorias respecto a posibles desfalcos en Desarrollo Integral de la Familia (DIF), en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, en el Instituto de la Juventud y se está analizando en la Secretaría de Educación el caso de la Beca Progreso, que se dio en 2014.
“La lucha que ha pedido el gobernador en contra de la corrupción es absoluta, pase lo que pase, haya críticas de las que sea o amenazas”.
