En un día normal en Mexicali se desahogan hasta cien audiencias judiciales y en el 92% de éstas interviene un abogado público o de oficio para la defensa del ciudadano que no puede pagar los servicios particulares.
Jesús Alejandro Santos Díaz, director de la Defensoría Pública del Estado, indicó que en Baja California se cuenta con una plantilla de 200 abogados y llama la atención particularmente el papel del género femenino en una de las áreas más demandantes del servicio público.
“Es posible que tengamos un 70% de abogadas y un 30% de abogados, tenemos más mujeres y más en especial en áreas civiles y familiares hay muchas mujeres”.
La Defensoría Pública del Estado tiene como tarea la representación de las personas que requieren algún servicio en materia de justicia penal, administrativa o familiar.
El reglamento indica que quienes pueden acceder sin costo a este servicio deben comprobar ingresos no mayores a 150 unidades de medida al día, pues la idea es apoyar a quienes no tienen los recursos para pagar una defensa particular.
