/ jueves 22 de octubre de 2020

Llega a Congreso iniciativa para brindar internet gratis y apoyo a discapacitados

Durante la sesión plenaria no presencial realizada el miércoles se dio a conocer la iniciativa presentada por el gobernador Jaime Bonilla

Una iniciativa por parte del gobierno del estado, fue anunciada en la pasada sesión del congreso, en la que se establece internet gratis y edificios y plazas públicas, apoyos para discapacitados a menores de 65 años, así como un ingreso mínimo para las personas en situación vulnerable.

Durante la sesión plenaria no presencial realizada el miércoles, se dio a conocer la iniciativa presentada por el gobernador Jaime Bonilla Valdez, referente a la adición de diversas fracciones al Artículo 8 de la Constitución local, sobre los derechos de los bajacalifornianos como es a ser informados periódicamente por el mandatario estatal.

En su exposición de motivos, el mandatario asume que Baja California también vive un momento de transformación en que la administración estatal ha asumido la responsabilidad constitucional, social y moral, de reparar de fondo los agravios sociales que han vivido los habitantes de Baja California por décadas.

Lo anterior, ocasionado por gobernantes insensibles, que vieron solo por sus intereses, dejando en el abandono jurídico y social a las familias del estado, es por ello que han decidido incorporar al Artículo 8 constitucional, un gran catálogo de derechos para los bajacalifornianos.

Entre estos derechos se encuentra el votar en consultas populares de trascendencia; a participar en la elaboración del presupuesto participativo.

A ser informados periódicamente con información “veraz y objetiva” por las autoridades del estado sobre las actividades que realicen en beneficio de la población de manera enunciativa pero no limitativa.

Tener acceso gratuito a internet en las plazas y edificios públicos; tener acceso a los programas de apoyo que ofrezca el estado de acuerdo al presupuesto aprobado; que se les apoye con un mínimo indispensable para vivir, cuando el Ejecutivo del estado decrete emergencia sanitaria, desastre.

También se incluye el acceso libre al agua y la protección de la salud; acceso a la cultura, al tiempo libre, al ocio; a vivir en lugares libres de contaminación; a la movilidad sustentable y al transporte digno.

A una pensión por discapacidad motriz que le impida a la persona trasladarse por si misma cuando sea menor a los 65 años; apoyo a los bajacalifornianos con el mínimo indispensable para vivir, de acuerdo al presupuesto del estado cuando sean de escasos recursos o caigan en la indigencia.

A las víctimas de delito que se les atienda y a la reparación del daño en términos de la ley y el presupuesto del estado.

A que se les indemnice en los términos de la ley de la materia, cuando las autoridades estatales y municipales no actúen con diligencia en la realización de obras públicas; que se aplique la paridad de género en la integración del gabinete legal y ampliado y en los puestos de la administración pública municipal.

Que el estado dicte las medidas necesarias para evitar que se ejerza violencia de género, entre ellas, la digital, cuando las autoridades ministeriales o judiciales no tomen las medidas necesarias para garantizar la integridad dela mujer, serán sancionadas con la pérdida del empleo y la inhabilitación, entre otras.





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Una iniciativa por parte del gobierno del estado, fue anunciada en la pasada sesión del congreso, en la que se establece internet gratis y edificios y plazas públicas, apoyos para discapacitados a menores de 65 años, así como un ingreso mínimo para las personas en situación vulnerable.

Durante la sesión plenaria no presencial realizada el miércoles, se dio a conocer la iniciativa presentada por el gobernador Jaime Bonilla Valdez, referente a la adición de diversas fracciones al Artículo 8 de la Constitución local, sobre los derechos de los bajacalifornianos como es a ser informados periódicamente por el mandatario estatal.

En su exposición de motivos, el mandatario asume que Baja California también vive un momento de transformación en que la administración estatal ha asumido la responsabilidad constitucional, social y moral, de reparar de fondo los agravios sociales que han vivido los habitantes de Baja California por décadas.

Lo anterior, ocasionado por gobernantes insensibles, que vieron solo por sus intereses, dejando en el abandono jurídico y social a las familias del estado, es por ello que han decidido incorporar al Artículo 8 constitucional, un gran catálogo de derechos para los bajacalifornianos.

Entre estos derechos se encuentra el votar en consultas populares de trascendencia; a participar en la elaboración del presupuesto participativo.

A ser informados periódicamente con información “veraz y objetiva” por las autoridades del estado sobre las actividades que realicen en beneficio de la población de manera enunciativa pero no limitativa.

Tener acceso gratuito a internet en las plazas y edificios públicos; tener acceso a los programas de apoyo que ofrezca el estado de acuerdo al presupuesto aprobado; que se les apoye con un mínimo indispensable para vivir, cuando el Ejecutivo del estado decrete emergencia sanitaria, desastre.

También se incluye el acceso libre al agua y la protección de la salud; acceso a la cultura, al tiempo libre, al ocio; a vivir en lugares libres de contaminación; a la movilidad sustentable y al transporte digno.

A una pensión por discapacidad motriz que le impida a la persona trasladarse por si misma cuando sea menor a los 65 años; apoyo a los bajacalifornianos con el mínimo indispensable para vivir, de acuerdo al presupuesto del estado cuando sean de escasos recursos o caigan en la indigencia.

A las víctimas de delito que se les atienda y a la reparación del daño en términos de la ley y el presupuesto del estado.

A que se les indemnice en los términos de la ley de la materia, cuando las autoridades estatales y municipales no actúen con diligencia en la realización de obras públicas; que se aplique la paridad de género en la integración del gabinete legal y ampliado y en los puestos de la administración pública municipal.

Que el estado dicte las medidas necesarias para evitar que se ejerza violencia de género, entre ellas, la digital, cuando las autoridades ministeriales o judiciales no tomen las medidas necesarias para garantizar la integridad dela mujer, serán sancionadas con la pérdida del empleo y la inhabilitación, entre otras.





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