Por no reconocérseles como afiliados con la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Gobierno del Estado de 1970, un grupo de 70 maestros exigen que se les permita recibir los estímulos económicos que derivan de dicho régimen.Guadalupe Sánchez Nevarez, quien lleva un año jubilada, explicó que los agremiados de la sección 37 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE) que se jubilaron en el 2015 sufren dicha problemática a consecuencia de que se les está considerando como si fueran trabajadores que se rigen bajo la ley del 2015, lo cual no permite que reciban los bonos y primas vacacionales como si fueran del régimen anterior.“Es un grave golpe a nuestro patrimonio, esas prestaciones que perdimos de la noche a la mañana es una cantidad considerable”.
Desde octubre del año pasado se le pidió a la dirigente del SNTE 37, María Luisa Gutiérrez Santoyo que se hicieran las gestiones pertinentes ante las autoridades estatales para exigir que se les pague bajo las condiciones de la ley anterior, dado que se trata de personas que llevaban 30 años o más en el servicio, sin embargo desde entonces no se ha resuelto dicha problemática.“En el artículo 14 de la constitución dice que ninguna ley será retroactiva y a nosotros se nos está aplicando; lo que queremos es que se nos pague lo que nos corresponde”.
Ahora la preocupación es mayor, añadió, ya que en septiembre de este año termina la gestión de Gutiérrez Santoyo, sumado a que la de la gestión estatal termina en octubre.Estado reconoce adeudo: Dirección del SNTEPor su parte, Abraham Zumaya Medina, secretario particular de Gutiérrez Santoyo y responsable del Sistema Nacional de Desarrollo Profesional descartó que la dirigencia del SNTE no esté realizando las gestiones correspondientes, dado que el Issstecali ya les dio la razón al sindicato que se les debe de pagar lo que les corresponde a los trabajadores, sin embargo por el mal estado de las finanzas estatales, dicho orden de gobierno no ha podido pagarles.
A consecuencia de que es públicamente conocido que el gobierno del estado no cuenta con la fluidez económica para pagar sus adeudos, no se les ha acreditar el pago del año de prestaciones que se les debe.Estimó que hay alrededor de 800 personas afectadas por esa situaciones, siendo un adeudo total de alrededor de los 30 millones de pesos en el caso de los 70 casos de las personas que fueron jubiladas de la misma forma en que a la maestra Sánchez Nevarez.
“Es falso que no se esté haciendo nada porque sí se está trabajando y la parte oficial ya reconoce que tenemos la razón y tiene la voluntad, pero necesita ‘los pesos’ para que se resuelva este problema”.
