Es necesario que en Baja California se definan los sueldos que deberán tener los consejeros del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) en la entidad, tras la invalidación que determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en los artículos 16 y 17 de la ley local.
Fernanda Flores Aguirre, activista en la rendición de cuentas y transparencia, consideró que es necesario terminar de legislar la normatividad que dará vida al SEA, ya que de lo contrario, este sería fácil de “tumbar”, tal y como ayer martes la suprema corte determinó que los artículos 16 y 17 de la Ley del SEA en Baja California son anticonstitucionales.
“Mientras no se tenga un Sistema Estatal Anticorrupción legalmente sólido, pues viene siendo segundo tema si le pagamos a los del Comité de Participación Ciudadana o no, porque de todos modos no podrían hacer mucho”.
Es de señalarse que de las diferencias que tiene el sistema local con el nacional, es que en el Comité Nacional de Participación Ciudadana, ese está integrado por cinco ciudadanos, mientras que en Baja California se cuenta con 15 espacios.
Asimismo, en el Sistema Nacional Anticorrupción, los cinco ciudadanos perciben un salario, mientras que en esta entidad diez están por honorarios y cinco no perciben sueldo, lo cual fue considerado como inequitativo por la SCJN.
Por ello, la resolución obligará al Congreso de Baja California a modificar la ley para que sólo haya cinco integrantes ciudadanos.
Flores Aguirre recordó que inicialmente el grupo de activistas que promovieron el Sistema Estatal Anticorrupción, pretendían que los consejeros del comité estatal todos tuvieran cargos honoríficos, pero luego se determinó de hacerlo mixto, que unos tuvieran sueldo y otros no, lo cual se analizó desde el 2018.
Sin embargo, consideró que ahora lo que hace falta definir es cuanto deberían ganar los consejeros, dado que el lineamiento nacional no establece un máximo o mínimo a percibir.
El Comité Nacional de Participación Ciudadana determina que sus cinco integrantes no podrán ocupar durante el tiempo de su gestión un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en los gobiernos federal, local o municipal, ni cualquier otro empleo que les impida el libre ejercicio de los servicios que prestarán durante los cinco años que emprendan dicho cargo.
“Lo que se puede pelear en su momento es el hecho de que no reciban también tanto sueldo, se entiende la parte de que hay una prohibición a prestar sus servicios o trabajar en gobierno, pues no puedan tener un buen sueldo”, explicó.
Asimismo, reconoció que disminuir a cinco la cantidad de consejeros permitiría que se llegara más fácil a un acuerdo, dado que en otros casos se les ha demostrado que es más difícil que lleguen a un consenso 15 personas, que 5 personas.
“Se supone que en su momento se hizo para ciudadanizar todavía más el sistema estatal anticorrupción para tener más voces ciudadanas, sin embargo lo que nos dio la práctica fue que no se están poniendo de acuerdo”.
Pero sobre todo, también Coordinadora Juvenil del Observatorio Ciudadano de Baja California, consideró que más que la parte del sueldo, se les debe regresar la autonomía al Comité Ciudadano, después de que se les retirara esta facultad legalmente al otorgarle el poder al Congreso y al Gobernador de proponer la terna de candidatos a ostentar el cargo del Fiscal Estatal Anticorrupción, tras las modificaciones realizadas al Artículo 70 de la Constitución del Estado durante otra noche que ocurrió un “madruguete”, en las últimas horas del 10 de octubre de 2019.
“Falta darle las facultades (al Comité Estatal Anticorrupción) que son esenciales como la elección de las personas protagonistas del Sistema Estatal Anticorrupción”.
