Por determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el gobernador Jaime Bonilla Valdez, no podrá seguir rindiendo un informe de actividades cada mes, como lo ha venido haciendo desde inicios de este año.
Con esta suman tres las iniciativas relacionadas al mandatario que son invalidadas en la Suprema Corte.
Las otras dos son la “Ley Bonilla”, que ampliaba de dos a cinco años el periodo de su administración estatal el impuesto ambiental que aplicaba a expendedores de gasolinas y gas.
DE LOS INFORMES
En diciembre del 2019 Bonilla Valdez envió una propuesta al Congreso del Estado para modificar el artículo 49, fracción V, de la Constitución local para que se le permitiera rendir un informe de labores mensualmente y difundirlo en medios de comunicación y redes sociales.
La propuesta fue aceptada por el Poder Legislativo de Baja California --conformado en su mayoría por diputados de Morena-- pero también fue denunciada por el Partido Acción Nacional (PAN) y el de la Revolución Democrática (PRD) al considerar que era propaganda política.
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El tema llegó ayer al pleno de la SCJN y reunió mayoría de votos para declarar inválidos los informes mensuales de Bonilla Valdez ya que los diputados locales invadieron una facultad que es exclusiva del Congreso de la Unión, único que puede legislar lo referente a la propaganda gubernamental.
Los informes de Bonilla Valdez comenzaron en febrero, luego de publicar la reforma que aprobaron los diputados locales.
El ministro Javier Laynez Potisek hizo énfasis en los límites que rebasaron los diputados de Baja California.
Estos límites significan que la potestad de que se confiere al Congreso de la Unión para regular la propaganda gubernamental necesariamente abarca estas actividades de los poderes estatales
La ministra Yazmin Esquivel Mossa fue la única que votó a favor de la propuesta de Bonilla Valdez pero los otros diez integrantes de la SCJN lo hicieron en contra de su validez.
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