Una denuncia de juicio político contra los diputados de la pasada XXIII legislatura será presentada por el Partido Acción Nacional ante el Poder Legislativo, por haber aprobado 16 diputados el proyecto de contrato de la planta fotovoltaica que actualmente es señalada por generar un desfalco de 12 mil millones de pesos a Baja California.
Mario Osuna Jiménez, dirigente estatal del partido refirió que los legisladores de la administración pasada aprobaron la creación del contrato en el gobierno de Jaime Bonilla Valdez.
Además presentó fotos y nombres de contra quienes presentarán la denuncia, donde mostró sólo 13 de los referidos, siendo estos los ex diputados Juan Manuel Molina, Montserrat Caballero Ramírez, Josefina Claudia Agatón Muñiz, Julia González, Julio César Vásquez, Elí Topete Robles, Miguel Ángel Bujanda, Ramón Vázquez, Eva Rodríguez, María Luisa Villalobos, María Trinidad Vaca Chacón, Efrén Moreno, Evangelina Moreno,
“Ellos son corresponsables y responsables, y comparsa de la corrupción de Jaime Bonilla en este tema y en otros muchos más”, expresó el dirigente blanquiazul.
Además reconoció al actual gobierno estatal por presentar la formal denuncia contra los 7 ex servidores públicos por el contrato que se realizó en la administración de Bonilla Valdez para instalar la planta fotovoltaica con la empresa Next Energy pero que no contaba con ningún permiso o documentación.
El diputado Diego Echevarría puntualizó que el contrato contempla pagar 120 millones de pesos al mes por un periodo de 30 años y donde se comprometen casi el 20% de las participaciones federales y casi el 70% del impuesto sobre la nómina del estado.
Osuna Jiménez también recordó que el partido presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por los presuntos delitos de abuso de autoridad, peculado y abuso de poder por retención de partidas federales a los municipios, la cual expresó, se mantiene sin avances por parte de las autoridades federales.
También se encuentra sin avances la denuncia interpuesta ante la Fiscalía General del Estado en contra la empresa Fisamex por presuntos cobros ilegales en las auditorías en contra de empresas y negocios.
